La Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) aplaude la decisión del Tribunal Constitucional (TC) de avalar por unanimidad la ley gallega de litoral, lo que «es importante para la seguridad jurídica».

En un comunicado, la patronal gallega señala que este fallo «fortalece la autonomía de Galicia en la gestión costera, indicando un equilibrio entre poderes estatales y regionales».

«Es muy necesaria una regulación propia, sin perjuicio de revisar y actualizar la normativa estatal, que equilibre la protección de la naturaleza con la actividad empresarial e industrial que se desarrolla en el litoral, que debe ser preservada y reforzada, siempre en términos de sostenibilidad. Es necesario un marco que de seguridad jurídica y protección a los establecimientos ya existentes y a los de nueva creación», afirma.

Sobre la paralización de las concesiones en el litoral y de los sistemas de depuración de aguas, la CEG afirma que «ponía en riesgo a viabilidad de numerosas edificaciones y empresas que operan en la costa, y perjudicaba directamente a millón y medio de gallegas y gallegos que viven en nuestra costa».

Por otra parte, indica que la publicación del nuevo Reglamento General de Costas en agosto del 2022 «supuso un incremento del grado de preocupación de las empresas que necesariamente deben desarrollar su actividad en la ribera del mar, al ver seriamente comprometida su continuidad en el dominio público marítimo-terrestre y constatar cómo el nuevo Reglamento de Costas incrementa todavía más los niveles de inseguridad jurídica a la que se veían sometidas con la legislación anterior, ahora modificada».

Asimismo, la patronal defiende que hay instalaciones que «para desarrollarse en condiciones aceptables de rentabilidad deben ubicarse en la franja costera». El traslado de estas actividades a localizaciones fuera de la línea de costa derivaría en muchos casos en su inviabilidad y en consecuencia, abocaría a empresas a su desaparición; además de poner de manifiesto que el beneficio medioambiental que se pretende por un lado se podría perder por otro si se obliga al traslado de productos del mar por carretera», sostiene.