Una representante de Tungsten San Finx, empresa concesionaria de la mina de San Finx, en el municipio coruñés de Lousame, ha declarado este lunes en el Juzgado de Instrucción número 2 de Noia en relación con un supuesto delito ambiental por vertidos, según informa Ecoloxistas en Acción.
Esta declaración se produce tras una denuncia de las cofradías de Noia y Portosín, a la que se han adherido organizaciones ecologistas como acusación popular. Según explica el portavoz de Ecoloxistas en Acción, Joám Evans, a Europa Press, «para sorpresa de todo el mundo» la empresa tan solo ha mandado a «una abogada de Madrid con un poder especial que no tenía ni la más remota idea» de contestar a las preguntas que le han hecho las partes, pues «no sabía» ni quiénes son los titulares reales de la mina ni quién está detrás del proyecto. «No sabía absolutamente nada», se queja.
Así, advierte de que este proceder de la compañía muestra que la mina «es una bomba de relojería ambiental que está en manos de una empresa totalmente temeraria».
Este lunes, alrededor de medio centenar de ecologistas y mariscadores se han concentrado ante los juzgados de Noia para mostrar su rechazo a este proyecto minero que pone en riesgo la ría de Muros y Noia.
EMPRESA «FANTASMA»
Asimismo, en un comunicado, Ecoloxistas en Acción alerta de que actualmente no se conoce la identidad de los titulares reales de la mina, toda vez que «el control de la empresa pantalla Metais Estratéxicos SL, con un capital de apenas 3.000 euros, se ejerce a través de empresas interpuestas situadas en jurisdicciones opacas y paraísos fiscales».
«La presencia como administrador de Miguel Cabal, relacionado con el empresario colombiano Serafino Iacono, vinculado a los famosos Papeles de Panamá, han hecho saltar todas las alarmas por el riesgo de fuga», sostiene.
Ecoloxistas en Acción recuerda que la empresa realiza vertidos a «apenas siete kilómetros de la ría de Muros y Noia y del LIC (Lugar de Importancia Comunitaria) Esteiro do Tambre, espacio de Red Natura 2000». Así, exige a la Xunta que imponga de inmediato fianzas necesarias «ante el riesgo de evasión de la empresa» y que aplique el canon de control de vertidos para garantizar que se lleven a cabo las actuaciones necesarias para impedir la continuidad de los vertidos, así como la restauración de la zona afectada por las presas de residuos mineros abandonada.
