El exjefe del servicio de Electromecánica del Ayuntamiento de Lugo aceptará una multa de 1.800 euros y una pena de dos meses y medio de prisión por dar contratos a su familia.

La Audiencia Provincial de Lugo sentará, el próximo jueves, en el banquillo de los acusados a este hombre, imputado en la operación Pokemon, que deberá aceptar un acuerdo de conformidad.

El acusado fue ingeniero técnico industrial en el Ayuntamiento, donde desempeñó sucesivamente los puestos de jefe adjunto y jefe del Servicio de Electromecánica.

Mientras ocupaba este cargo también tenía una participación en una empresa de entre el 12,5% y el 15,13% entre los años 2006 y 2011, y del 14,31% desde el año 2012.

La empresa, en la que también tuvieron participación sus hijos y una nuera, realizó diferentes prestaciones para el Ayuntamiento de Lugo, por un importe de más de 8.850 euros, entre los años 2008, 2009 y 2012.

La mujer ostentó desde 2005 una participación del 27,5% de otra empresa, en la que también tenía parte uno de sus hijos, y que realizó prestaciones para el Ayuntamiento por un importe total de 32.406,32 euros.

El Ministerio Público señala que el acusado, aprovechando su cargo público, nombró a sus familiares o a las empresas en las que tenían participación para realizar varias obras en la ciudad.

Por todo ello, fue acusado por un delito de negociaciones prohibidas a los funcionarios públicos por lo que será condenado a dos meses y medio de cárcel y a una multa de cinc meses con cuota diaria de 12 euros.

La Fiscalía reconoció un atenuante por dilación excesiva del procedimiento ya que desde su incoación en 2011 sufrió «importantes retrasos y paralizaciones» por causas no imputables al acusado.