El comité de empresa de FCC ha denunciado este martes el estado de «absoluto abandono» de la planta de tratamiento de residuos de Lousame y la «manifiesta incapacidad» de su propietaria, la Mancomunidade da Serra do Barbanza, para gestionarla y solucionar los problemas que arrastra.

En una rueda de prensa, el portavoz del comité, Paulo Rubido (CIG), ha subrayado que esos problemas tienen su origen hace más de una década, por falta de mantenimiento y conservación de las instalaciones, y por falta de renovación y adecuación a los cambios normativos.

Según ha recordado, el pliego de la concesión establecúa que, en 2013, la Mancomunidad tenía que renovar su flota de camiones, pero «esa renovación no se produjo» y hay carencias en la recogida viaria por el mal estado de los vehículos.

Por otra parte, han señalado los trabajadores, el contrato que vincula a FCC con la Mancomunidade, con una duración de 20 años, finalizó el pasado mes de septiembre, «sin que el ente comarcal haya elaborado unos nuevos pliegos» ni haya pactado una prórroga con la empresa, y ello a pesar de las advertencias del comité. Así, se ha tenido que ir a una prórroga forzosa «que implica una actualización de los precios y pagar por facturación, con un menor control peores condiciones económicas».

PROBLEMAS EN EL VERTEDERO Y PÉRDIDA DE SUBVENCIONES

Otro foco de problemas está en el vertedero de rechazos, que ya superó su capacidad (colmatado y a punto de comenzar su sellado) sin que se haya tramitado la construcción de uno nuevo. Esto implica que esos rechazos (residuos que no se pueden reciclar) tengan que ser trasladado en camión a Sobrado, «generando un sobrecoste» en el servicio «que asumen los vecinos» de la comarca.

El comité también ha denunciado que ni la empresa ni la Mancomunidade «fueron capaces» de tramitar subvenciones, como las convocadas por la Xunta para las plantas de tratamiento, perdiendo la oportunidad de recibir ayudas.

En la misma línea, pese al requerimiento de Ecoembes, no se hizo «absolutamente nada» para adaptarse al nuevo sistema normativo y a la reorganización de los contenedores en los municipios de la comarca, por lo que también «se está perdiendo» un millón de euros de posible financiación.

Ante este escenario, Paulo Rubido ha subrayado que la empresa, FCC, actúa «con absoluto pasotismo», reduciendo «al mínimo» el gasto en la planta de Lousame, y sin que nadie controle si cumple sus obligaciones como concesionaria. Ese «descontrol» llega a tal punto, han denunciado, que la empresa llega a utilizar las instalaciones como sede logística para, por ejemplo, arreglar en los talleres los camiones de recogida de basura de municipios ajenos a la Mancomunidade (como los de Padrón o A Illa de Arousa).

A todo esto se suman las deficiencias de las intalaciones, como cuadros eléctricos sin puertas, líneas de triaje que no cumplen las condiciones de seguridad, daños causados por un temporal que nunca se repararon, maquinaria antigua y en mal estado, o contenedores rotos que nunca se arreglan.

INTERVENCIÓN DE LA XUNTA

Finalmente, el comité ha urgido la intervención de la Xunta ante esta «gravísima situación» y buscar una fórmula para garantizar la participación de la administración autonómica en la planta, con el fin de garantizar una adecuada gestión y el mantenimienot de los más de 160 empleos.

Para ellos, los representantes de los trabajadores solicitarán reuniones con todos los grupos parlamentarios, para explicarles la situación y recabar apoyos. Según han explicado, la Xunta tiene que adaptarse a la nueva normativa europea sobre tratamiento de residuos orgánicos y requiere de nuevas plantas para la elaboración de compost.

Ahí, sostienen, «encajaría» la integración de las instalaciones de Lousame, unas de las mejores por localización geográfica, climática, mínima afectación a vivienda y enorme capacidad de ampliación. «Llegados a este punto es casi una obligación que la Xunta tome las riendas de esa planta y continúe con el modelo que en su día demostró ser exitoso, que se adapte a la normativa europea y que este proceso se haga desde el consenso político», ha concluido Rubido.