Personal de centros de reforma juvenil y protección a menores de Galicia reclaman mejoras salariales, laborales y sociales en los centros privados y de gestión indirecta en el marco de un convenio colectivo gallego.

CIG-Ensino está llevando a cabo una recogida de firmas en los «cerca de 60 centros» que existen en toda la comunidad autónoma, en los que se ven afectados 800 trabajadores, para conseguir estas reivindicaciones. La campaña finalizará el 18 de diciembre con su entrega en la Consellería de Política Social, junto con un escrito en el que solicitan una reunión su titular, Fabiola García.

«Está siendo muy exitosa con casi 500 firmas hasta el momento, un 60% del personal», ha destacado el responsable de negociación colectiva de CIG-Ensino, Henrique García, en una rueda de prensa convocada este martes en A Coruña para presentar sus reclamaciones.

Entre las demandas, según ha especificado García, el colectivo insta a la Xunta a que asuma la gestión pública de estos centros, así como a incrementar las partidas presupuestarias para el sector para mejorar la calidad del servicio y las condiciones laborales y salariales de los trabajadores.

Reclaman, además, «más y mejores» recursos materiales y ajustar los ratios a las necesidades de los servicios. «Están totalmente desfasados y parecen de otra época», ha criticado.

En la misma línea, García ha añadido que el personal rechaza el IV Convenio colectivo estatal, «muy precarizado y el que toma de referencia la Xunta», y exige la «implicación y colaboración de la Consellería de Política Social para comenzar la negociación de un convenio gallego».

Ante esta situación, según ha avanzado, el colectivo está «dispuesto a movilizarse» para que se dé cumplimiento a estas medidas «legítimas, justas y totalmente justificadas, abaladas por todas las firmas recogidas». «Cada vez piden más responsabilidad, más formación y más carga de trabajo, exigencias que no se ven reconocidas», ha apostillado.

ESCASEZ DE RECURSOS

En el acto, han intervenido delegados de la CIG de centros de menores ubicados en las distintas provincias gallegas. Marián Feijóo-Montenegro, representante de un centro de Ourense, ha explicado que la Xunta se rige por el decreto de 2005, el cual está «totalmente obsoleto». «Una persona sola no puede tener una ratio de cuatro o seis menores», ha denunciado.

En la misma línea, Germán Estévez, también trabajador de Ourense, ha criticado una «escasez de recursos humanos y materiales muy grandes» y ha recalcado que las modificaciones de las condiciones de trabajo «en los últimos años, han sido muy significativas, con más carga laboral, más responsabilidades y más dificultades».

En este sentido, Marcos García, delegado de un centro en A Coruña, ha instado al Gobierno gallego a que «haga un estudio serio de cómo se desarrolla el servicio para adecuar los presupuestos». «La Xunta tiene externalizado el servicio e intenta evitar su responsabilidad a la hora de asumir competencias de financiación y en materia de situación laboral de los trabajadores», ha dicho, tras insistir en que «el presupuesto a todas luces es insuficiente».