La valedora do Pobo, María Dolores Fernández Galiño, ha hecho un llamamiento a las administraciones y los poderes públicos a reforzar la atención hacia las personas mayores, a las que ha señalado como el «colectivo más afectado» por la pandemia de covid-19 y que cree que necesitan que se vele por sus derechos a través de medidas correctoras de la brecha digital.

Esta es una de las principales reflexiones extraídas por la titular del alto comisionado del Parlamento de Galicia de la actividad de la institución del año 2022, cuyo informe ha sido presentado por la propia Fernández Galiño en una rueda de prensa celebrada este lunes en la sede del Valedor en Santiago, donde también ha puesto el foco en la necesidad de que se reconozca por ley como feminicidio los crímenes de mujeres que se cometen fuera del ámbito de la pareja.

La valedora ha destacado un incremento de la actividad «en todos los parámetros», tendencia que se ha consolidado en los últimos cuatro años con un aumento «estructural y paulatino» de las quejas recibidas al pasar de las 2.276 gestionadas en 2019 a las 4.634 de 2022.

También multiplicaron por cinco las resoluciones emitidas por la institución en ese período al haber alcanzado el pasado año las 503 cuando en 2019 hubo 95. Sobre esto, Fernández Galiño ha subrayado que este incremento de la actividad «es posible» gracias a la colaboración de las administraciones, dado que es necesario recibir la respuesta de la entidad apelada para que el Valedor pueda concluir el asunto.

El número de asuntos gestinados en el último ejercicio completo fue de 3.958, 22 más con una media de 330 ingresos al mes. Respecto a 2021 también se doblaron los expedientes atendidos al pasar de 10.736 a 16.143 y hubo un aumento de más de 6.000 actuaciones iniciadas desde el Valedor –25.551 por las 19.544–.

La mayoría de los asuntos siguen teniendo como administración implicada a la Xunta, de entre los que casi la mitad están dirigidas a la Consellería de Sanidade, si bien la valedora ha destacado una caída de los expedientes y quejas vinculadas a la remisión de los efectos de la pandemia de covid-19.

Por áreas, el 17% tuvieron que ver con asuntos de índole sanitaria, mientras que el 11% se dirigieron a entidades locales y servicios municipales, porcentaje similar a los asuntos tramitados por peticiones de transparencia. Además, uno de cada diez fueron por motivos de inclusión social y otros tantos por empleo público y trabajo.

91 ACTUACIONES DE OFICIO

El informe también revela la apertura de 91 actuaciones de oficio, la mitad (47) relacionadas con la inclusión social. Medio ambiente (17), vivienda y deshaucios (12), igualdad (6) y sanidad (4) fueron otros de los asuntos sobre los que inició procedimientos de ‘motu proprio’ la valedora.

En su comparecencia, Fernández Galiño ha incidido en la importancia de que las instituciones y administraciones respondan «con más derechos humanos» a la situación de «crisis permanente» o «permacrisis» que percibe a nivel social y que ve preciso afrontar con el compromiso de los poderes públicos como «garante» de la lucha contra la discriminación, la promoción de la igualdad y la protección a los colectivos más vulnerables.

PERSONAS MAYORES

Uno de las áreas en las que Fernández Galiño se ha detenido ha sido la situación de los derechos de las personas mayores, que considera que están amenazadas por un contexto de evolución digital que deja atrás a quien «no puede» o «no quiere» ser atendido de forma telemática o por vía electrónica.

«La atención telemática es un derecho, no puede ser una obligación», ha sentenciado la valedora, que ha señalado que doce de las 91 actuaciones de oficio iniciadas en 2022 estuvieron relacionadas con derechos de las personas mayores en asuntos como la atención presencial, la soledad no deseada, el cierre de oficinas bancarias en el rural, la atención a la dependencia, las contenciones mecánicas o farmacológicas y los desahucios.

«Las personas mayores tienen derecho a que se reconozcan sus derechos y a vivir con dignidad», ha sentenciado Fernández Galiño después de incidir en que el aumento de la longevidad tiene que ser entendido como un «desafío» para las administraciones, obligadas a preservar que los mayores puedan ejercer sus derechos hasta el final.

FEMINICIDOS

La violencia obstétrica, los problemas de las usuarias del anticonceptivo Essure de Bayer o la visibilización de la mujer rural han sido algunas de las cuestiones resaltadas por la valedora relacionada con la igualdad en 2022, en el que abrió dos actuaciones de oficio vinculadas a los crímenes de Jéssica Méndez y Cristina Cabo, muertas a manos de dos hombres en marzo y noviembre de 2022.

Para Fernández Valiño, es necesario que este tipo de feminicidos cometidos fuera del ámbito de la pareja sean computadas como violencia de género porque fueron asesinadas «por el hecho de ser mujer». «Fuera de las relaciones afectivas también hay feminicidios», ha aseverado la valedora, que ha solicitado al Defensor del Pueblo que, además de una modificación del código penal para incluir esta cuestión, también se den pasos hacia una mejor tipificación de la violencia económica que padecen mujeres a manos de sus maltratadores cuando se usa el dinero para infringirles daño.

USO DEL GALLEGO

El tercer área destacada por la valedora ha sido la de derechos lingüísticos y, en concreto, los del ejercicio del gallego, un ámbito en el que ha agradecido la colaboración de A Mesa pola Normalización Lingüística, promotora del 75% de los 59 expedientes tramitados en 2022.

Entre estas, el alto comisionado de la Cámara autonómica instó a la Xunta a demandar que la documentación aportada por empresas promotoras de parques eólicos para los estudios de impacto ambiental de los proyectos esté en alguna de las lenguas cooficiales, ya que, en algunos casos, figuraba únicamente en inglés.

INTELIGENCIA ARTIFICAL

De cara a las proyecciones a futuro, Fernández Galiño ha llamado la atención a los riesgos para los derechos de la ciudadanía que implica el desarrollo de la inteligencia artificial y ha apelado a las administraciones a estar «vigilante» ante las posibles discriminaciones que puedan surgir en este ámbito en asuntos como los mecanismos de reconocimiento facial, la generación de contenido, la delincuencia y la protección de datos.