La viceportavoz del Grupo Socialista Begoña Rodríguez Rumbo ha acusado al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y a su predecesor en el cargo, Alberto Núñez Feijóo, de «disparar» la deuda pública de Galicia hasta los 12.300 millones de euros, el «máximo histórico», mientras «recortan y precarizan» los servicios públicos.

En una rueda de prensa celebrada este lunes en el Pazo do Hórreo, la parlamentaria socialista ha anunciado una batería de iniciativas parlamentaria para «saber por qué mientras la Xunta incrementa la deuda pública no mejora la vida de los gallegos y de las gallegas».

La responsable socialista ha señalado que, según los datos hechos públicos por el Banco de España, Rueda y Feijóo multiplicaron por 2,5 la deuda pública de Galicia en 14 años, desde los 4.800 millones de los últimos presupuestos del presidente socialista Pérez Touriño.

Rodríguez Rumbo ha acusado a los populares de dejar «un pufo» de más de 4.500 euros por cada gallego y cada gallega. Según ha indicado, «este es el saldo de 14 años de políticas neoliberales del PP en Galicia», que «descarta el argumento de que tanto Feijóo como Rueda son buenos gestores», ya que combinan «mayor deuda con la precariación de los servicios públicos y la rebaja del 50% del impuesto del patrimonio a los más ricos».

Tras incidir en que con el mayor endeudamiento en 14 años, no hay ni mejores cuentas públicas ni mejora en la calidad de vida de los gallegos, ha denunciado «los recortes y precarización» de la sanidad, con 976 profesionales menos en atención primaria, unas listas de espera «inasumibles» y falta de especialistas que «marchan porque no soportan la precarización de los servicios y de las condiciones laborales».

Además, ha criticado que suceda lo mismo con la educación, con «menos profesores», aulas «masificadas» y «familias haciendo frente al inicio del curso escolar más caro, o en la dependencia, con Galicia a la cola del Estado en inversión y esperas de hasta cuatro años».

La socialista ha acusado al Gobierno gallego de «abandonar los servicios públicos» mientras responsabilizan los ayuntamientos y al Ejecutivo central de su propia «falta de gestión e ineficacia», demostrando que «no son buenos gestores».