El BNG ha presentado un total de 83 de enmiendas a la futura ley de igualdad que impulsa la Xunta, que considera una «propuesta muy poca ambiciosa» e «insuficiente». Entre otras propuestas, apuesta por la creación de un Instituto Galego das Mulleres que vele por la igualdad, así como que se garanticen con recursos el derecho al aborto y se aporte apoyo a la conciliación.

En rueda de prensa, la viceportavoz parlamentaria del BNG, Olalla Rodil, ha dado cuenta de las alegaciones presentadas a esta reforma que modifica una ley en vigor desde 2004. Lamenta que el texto no está «a la altura» de las demandas de la sociedad gallega y el feminismo.

Y es que observa que están «ausentes» derechos fundamentales para las mujeres, tales como el aborto o terminar con la segregación por sexos en las aulas, al tiempo que tampoco se habla de los derechos de mujeres rurales, prostitutas o migrantes.

Las propuestas del Bloque buscan «blindar y ampliar» derechos de las mujeres y mejorar la red de servicios públicos. Por un lado, se encuentra la idea de crear un Instituto Galego das Mulleres que garantice la igualdad efectivo, evalúe políticas públicas y emita informes. Recueda que hubo un organismo similar (Servizo Galego das Mulleres) eliminado por los populares en 2010, a la vez que menciona que otras comunidades como Cataluña o País Vasco cuentan con institutos semejantes.

MÁS SERVICIOS

Asimismo, el BNG emplaza a garantizar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres a través de una red pública de centros que incluya a los Centros de Orientación Familiar (COF) y los Centros Quérote+.

También se pide dotar con personal suficiente los centros sanitarios, tales como matronas, para atender «todo el ciclo vital», «no únicamente» a embarazadas. Reclama que se cumplan con los recursos públicos para el derecho al aborto, pues denuncia que hay mujeres de la provincia de Lugo que son derivadas a clínicas privadas de A Coruña.

Además, el Bloque vuelve a incidir en su propuesta de puesta en marcha de una Valedoría da Igualdade para actuar en el ámbito laboral, con lo que se persiguen imponer sanciones a las empresas o entidades que vulneren derechos de las mujeres.

En materia de conciliación, las iniciativas pasan por: que se garanticen plazas para la red de escuelas públicas de 0 a 3 años, crear un servicio de atención domiciliaria para menores, ampliar las plazas de centros de día públicos, así como poner en marcha líneas de ayuda para la contratación de personal durante los permisos de maternidad y paternidad de autónomos.