El pleno del Ayuntamiento de Santiago ha aprobado los expedientes de crédito necesarios para proceder al alquiler de 10 nuevos autobuses que darán servicio en la red del transporte urbano hasta que se pueda finalizar la licitación del nuevo contrato del transporte público.

En concreto, la medida ha contado con el voto a favor de las formaciones que integran el gobierno local –BNG y Compostela Aberta–, así como del Partido Socialista, mientras que el Partido Popular ha optado por la abstención. En concreto, se trata de un expediente de crédito extraordinario de 124.993 euros y de otro de suplemento de crédito de 387.818 euros.

En el debate, la regidora, la nacionalista Goretti Sanmartín, ha asegurado que «todo el mundo sabe» que el estado del transporte colectivo en la ciudad no solo «no es óptimo» sino que «es malo». «Venimos de momentos en los que no se procedió a esa renovación de la concesión y tenemos un problema heredado complicado al que hay que dar respuesta», ha sostenido.

La alcaldesa ha sostenido que este asunto se trata de «una prioridad máxima» del gobierno local, que aboga por encontrar soluciones «de forma legal» y «de acuerdo con lo que dicen los servicios jurídicos».

Y es que, en la sesión plenaria, el concejal del Partido Popular Adrián Villa ha coincidido en que la situación del transporte urbano en la ciudad es «insostenible», con los «autobuses cayendo a trozos», pero se ha mostrado en desacuerdo con el procedimiento.

«Tener 21 autobuses de alquiler y gastarse 1,5 millones de euros, no nos parece serio, habría que buscar otras soluciones», ha afirmado el edil popular, que ha criticado que el gobierno local apueste por «un alquiler» que va a «costar mucho dinero». «Lo que podrían hacer es adquirir esos autobuses y después reformular el contrato», ha asegurado para señalar que si esta medida se puede llevar a cabo en Ourense, se podría llevar a cabo en otras ciudades como Santiago.

Al respecto, el edil de Compostela Aberta Xan Duro ha censurado la propuesta del concejal del PP al asegurar que «o no conoce la legislación o hace por no conocerla».

«Hay una ley de competencia y el ayuntamiento no puede decidir a qué empresa compra autobuses», ha afirmado en una intervención que ha recordado también que el ayuntamiento tiene «un límite de deuda» que debe de cumplir y que un autobús eléctrico cuesta más de medio millón de euros. «Este gobierno hace lo que tiene que hacer, buscar alternativas y darle solución a los problemas», ha manifestado.

Por su parte, la concejala socialista Marta Abal le ha recordado a los populares que «los autobuses no se hacen viejos de repente» y que en el año 2015, durante el mandato del PP, «hubo una oportunidad importante para proceder a la renovación» de la flota pero «no se hizo uso de esta posibilidad».

Además, en la sesión plenaria, se ha aprobado por unanimidad y sin debate tras el acuerdo de la junta de portavoces, una subvención nominativa a favor de la Cruz Roja por importe de 100.000 euros con base en la ayuda concedida por la Diputación de A Coruña en el marco del programa POS+ Adicional 1/2023 para gastos sociales extraordinarios del ejercicio 2023.