Greenalia alerta sobre «la inseguridad jurídica que está generando» para el desarrollo de proyectos industriales en Galicia el criterio que aplica el tribunal en la sentencia relativa al parque eólico Bustelo, pero también en el de Campelo, igualmente paralizado. Al respecto, advierte que su postura «no está amparada en ningún precedente del Tribunal Supremo».

Es un criterio que se funda, a su juicio «en la mayoría de los casos», en «las meras sospechas de daño ambiental de proyectos que han sido sometidos, durante meses e incluso años, a rigurosos procedimientos de evaluación de impacto ambiental».

En este sentido, añade que esta «particular doctrina del TSXG (Tribunal Superior de Xustiza de Galicia) resultaría contraria con la literalidad» de un artículo de la ley de evaluación ambiental, que dispone que la solicitud de informes sectoriales a las administraciones «se hará simultáneamente al trámite de información pública».

Frente a esto, apunta que ahora el TSXG considera que en el procedimiento «deberían tramitarse primero las peticiones de los informes sectoriales y después abrir la fase de información». Todo ello fundado en esas «meras sospechas de daño ambiental», según Greenalia.

La empresa, cuyo órgano de administración se reunió con el equipo jurídico para analizar en profundidad el expediente, señala que son «varios» los proyectos que tienen impuesta una medida cautelar en Galicia por la misma sala del TSXG en aplicación de este criterio y que este número «se prevé» que pueda aumentar «en los próximos meses», con las consecuentes «importantes pérdidas».

En lo relativo a Bustelo, de hecho, asegura haber invertido «ya más de 7 millones de euros» y censura que la cautelar fuese aprobada «sin solicitar a la demandante ningún tipo de fianza».

De mantener la aplicación de este criterio, avisa, «no solo afectaría a los proyectos de parques eólicos, sino a cualquier proyecto industrial que precise de una declaración de impacto ambiental para su tramitación».

Por eso, subraya que acata y respeta la decisión del tribunal pero alerta sobre la «inseguridad jurídica» y añade entre sus implicaciones el «impacto en la ejecución de los PPAs (acuerdos de suministro a largo plazo) firmados con las industrias».

También, entre los efectos, advierte de los «compromisos» con los propietarios sobre los que se implantan las instalaciones y sobre «la propia viabilidad económica de las empresas del sector».

«ERROR MATERIAL» Y RECUSACIÓN

Por otra parte, en un amplio comunicado de prensa, Greenalia se refiere a la «aclaración de la sentencia» que recibió sobre Bustelo el pasado día 20, tras serle comunicada el 16 la desestimación del recurso interpuesto contra su parque. Entonces, resalta, «la empresa decidió reactivar las obras».

Recuerda también Greenalia que había recusado a uno de los magistrados de la sala, Luis Villares, porque lideró En Marea y mostró «públicamente, en diferentes ocasiones, su oposición a la instalación de proyectos eólicos y a las normas aprobadas por la Xunta para la regulación del sector». Pero esta «posible incompatibilidad para juzgar el recurso» fue «rechazada», señala.