La CIG se ha concentrado este martes para reclamar a la Consellería de Cultura, Educación, FP e Universidades que negocie «ya» y «con carácter inmediato» la vuelta al horario lectivo anterior a 2011, cuando el Gobierno del entonces presidente, Alberto Núñez Feijóo, elevó de 18 a 21 las horas de clase a la semana en ESO y Bachillerato, y de 21 a 25 en Infantil y Primaria.

En declaraciones a los medios a las puertas de la Escola Galega da Administración Pública (EGAP) de Santiago, coincidiendo con la celebración de una reunión de la Mesa Sectorial, el secretario nacional de CIG-Ensino, Suso Bermello, ha negado que esta reclamación implique «trabajar menos», sino que permitirá ejercer «en menores condiciones» o, en todo caso, en «las mismas» que antes de 2011.

Según ha explicado el responsable de la central nacionalista, lo que hizo Feijóo tras llegar a la Xunta en 2009 fue «eliminar» el acuerdo que había con el anterior gobierno bipartito de PSdeG y BNG, e «imponer» estos horarios tal y como se mantienen hoy, bajo el mandato de Alfonso Rueda.

De hecho, tal y como ha denunciado Bermello, Galicia y la Comunidad de Madrid son «los únicos presidentes de comunidades autónomas que mantienen, sin ningún tipo de negociación, los recortes impresionantes de derechos».

Así, aprovechando la convocatoria este martes de la Mesa Sectorial, la CIG se ha concentrado en la entrada de la EGAP porque el orden del día de esa reunión no recoge «en ningún caso» la posibilidad de dialogar para reducir el horario lectivo e implantarla «ya en el curso 2023/24», es decir, en septiembre.

Es más, si para entonces no se produce «ningún tipo de movimiento», Bermello avanza que su sindicato, que es mayoritario en la educación pública gallega, promoverá un calendario de movilizaciones. «Es el momento de decir que ya está bien y que no se puede seguir tomando el pelo a los profesores», ha sentenciado.

«NO HAY UN PESO»

En este contexto, el secretario de CIG-Ensino ha cuestionado que la Consellería sí tenga presupuesto para implantar medidas dentro del acuerdo de recolocación de docentes en centros concertados o para generalizar los llamados ‘polos creativos’. «Pero para recuperación de los derechos de profesorado, no hay un peso», ha añadido.

En concreto, en referencia al acuerdo con la concertada, Bermello ha confirmado que la CIG –igual que CCOO y UGT, tal y como avanzó el lunes Europa Press– no lo firmará porque, entre otras cosas, contempla que la Xunta abone a los colegios hasta 6.000 euros por cada unidad suprimida para financiar los despidos de los profesores.

A esto ha sumado los 21 millones de euros que la Xunta destinará a extender a todos los centros financiados con fondos públicos los ‘polos creativos’, unos espacios de formación STEM, «sin que se sepa cómo se va a formar al profesorado para poder trabajar con ese material», según ha censurado Bermello.

COORDINADOR DE BIENESTAR

El responsable de CIG-Ensino también ha cuestionado la nueva figura de ‘coordinador de bienestar y convivencia’ que se introducirá el curso que viene –para cumplir con la legislación estatal, aunque la Consellería argumenta que ya existía un cargo similar– porque la Administración «pretende que se haga a coste cero», sin «poner ni un peso» ni «reduciendo horario».

«Es una administración autoritaria, que no tiene ningún tipo de empatía con el profesorado y que quiere que todo lo hagamos por la cara, con voluntarismo», ha afeado.

Con todo, el borrador de la orden que regulará a estos coordinadores contempla la asignación de dos horas complementarias fijas dentro del horario, el reconocimiento de esta función en los concursos de traslado, así como la posibilidad de cobrar el complemento específico correspondiente a los tutores.

También se ha quejado por el modo de introducir esta figura el Colexio de Educadoras e Educadores Sociais de Galicia (Ceesg), que critica en un comunicado que la Xunta determina que «esta obligación legal recaerá exclusivamente en el profesorado».

Este colectivo insiste en que esta introducción aumenta «la sobrecarga de trabajo del profesorado» y no da a los alumnos una atención «especializada, y por lo tanto eficaz». Por eso, el Ceesg propone a la Consellería que trabaje en «alternativas serias» e incorporen educadores sociales, para lo cual presentarán «pronto» un total de 1.000 firmas de profesionales que apoyan esta petición.

CRÍTICAS POR LA OFERTA DE FP

En otro orden de asuntos, Suso Bermello ha criticado la falta de diálogo de la Xunta en torno a la normativa y la oferta de FP para el próximo curso, que fue comunicada a los centros «con una antelación de 24 horas».

Así, ha cuestionado el aumento de las horas de docencia a distancia en la formación de adultos y FP porque lo que hace –a su juicio– es crear «una estructura paralela a la administración educativa». Todo ello, según la CIG, con el objetivo de «incrementar la matrícula» por «propaganda».

Esto irá acompañado, de acuerdo con el sindicalista, de una «importante merma» de puestos de trabajo y de un «empeoramiento de la calidad» de la enseñanza.