El PPdeG ha vetado la toma de consideración del Parlamento gallego de una proposición de ley para defender en el Congreso el traspaso a Galicia de la gestión del litoral, ya que considera esta norma impulsada por el BNG –apoyado por el PSdeG– como «injusta, innecesaria e ilegal».

En su intervención en el Pleno de la Cámara, el diputado Luís Bará (BNG) ha defendido que el mar y la costa de Galicia «no se pueden gobernar desde un despacho de Madrid a 600 kilómetros», por lo que expone que se necesitan instrumentos legislativos y capacidad de gestión para «romper el diseño centralista» y «madrileñocéntrico» con el fin de que se tenga «en cuenta la realidad gallega».

Defiende que Galicia debe contar con las «máximas competencias» en materia de litoral y mar, tal y como ya tienen otras autonomías como Andalucía o Canarias.

En este sentido, requiere «todas las competencias en relación con el mar» con el traspaso de medios materiales y humanos en cuestiones como: lucha contra la contaminación, salvamento marítimo, contaminación marítima, inspección, seguridad, Instituto Social de la Marina (ISM), puertos de interés general y centros de investigación.

La costa gallega ocupa más de 2.500 kilómetros, la comunidad con mayor litoral. Destaca que en ella viven 1,5 millones de personas y Galicia es una potencia pesquera, con una movilización de 8.800 millones y más de 40.000 empleos directos, el 50% de todo el Estado y el 10% de la UE, además ser la décima exportadora pesquera mundial.

Por todo ello, Bará sostiene que el traspaso es «perfectamente legal y viable», pues «Galicia ya tiene estas competencias en el Estatuto» y el Consultivo avala la transferencia.

UN PP «LILIPUTIENSE» SIN TRANSFERENCIAS

Igualmente, ha cargado contra la «incapacidad» de la Xunta de Alberto Núñez Feijóo y Alfonso Rueda para no conseguir ninguna competencia para Galicia durante sus 14 años de gobierno. Por tal motivo, apuesta por desarrollar una «auténtica agenda» para el impulso del autogobierno.

Lamenta la visión de Galicia como una «región bonsai que quiere este PP liliputiense» en materia de autogobierno.

Exige «poner fin a la parálisis del autogobierno» y «quitar la máscara» de los ejecutivos de Feijóo y Rueda que «estuvieron 14 años sin dar palo al agua». «Rueda y Feijóo fueron y son los máximos enemigos del autogobierno», ya que «se pusieron de rodillas delante de lo que ordenaban sus jefe en Madrid».

Paralelamente, Bará ha criticado la ley «exprés» de ordenación del litoral que impulsa la Xunta, puesto la ve una «cáscara vacía», «sin expedientes para poder tramitar» y «sin poder llevar a cabo planes de ordenación», tan solo en la busca de «confrontación» con el Gobierno central. Avisa de que el Gobierno gallego va a «legalizar 4.000 construcciones y autorizar concensiones», según dice, «vulnerando la ley como hicieron con Ence».

Y es que Bará considera al ejecutivo de la Xunta «desnortado», en «desbandada» y «en fuga para Madrid», entre lo que cita la «operación salvar al soldado Conde» que «marcha para Madrid no se sabe muy bien a qué». «Son ustedes el pasado, su tiempo ya pasó», sentencia.

PPDEG: TEXTO «ILEGAL»

Alberto Pazos Couñago (PPdeG) ha sido encargado de argumentar el voto en contra de su grupo al considerar este texto una «pirueta legislativa que pretende lavar la cara del BNG» y «minusvalora el autogobierno» de Galicia.

Afea que el Bloque «afirma una cosa y la contraria», que esta es una «competencia exclusiva de Galicia y al mismo tiempo afirma que esa competencia es exclusiva del Gobierno del Estado y debe ser cedida a Galicia». «Lo que pretenden la señora Pontón y el señor Formoso es que Galicia pida permiso al Estado para ejercer las competencias que ya atribuyen plenamente el Estatuto de Galicia», se queja.

Además, apunta que este debate llega con una legislatura «finiquitada» y un Gobierno central «de salida». «¿Por qué tenemos que mendigar en Madrid una nueva ley para hacer que se cumpla la vigente ley?», se pregunta.

Por tal motivo, pone en valor la «buena» ley gallega que tramita el Parlamento, que «fue ampliamente consensuada con la sociedad civil». Asegura «tender la mano» a la oposición para enriquercer este texto, al tiempo que garantiza que Galicia «va a reclamar» el traspaso de medios «exactamente del mismo modo» que otras comunidades.

Tacha de «injusta» la reivindicación del Bloque porque «propone un trámite que no necesitaron otras comunidades». También la ve «innecesaria» debido a que «bastaría un real decreto de transferencia como acaban de hacer con Canarias». Y advierte de que es «ilegal», ya que un ley orgánica «no puede usarse» para el traspaso de medios que son competencia autonómica al estar «solo» asociada a materia de titularidad estatal.

El diputado popular opina que «la única razón de esta iniciativa es intentar engañar a los gallegos», al tiempo que acusa al BNG de «pagafantas oficial» de un Gobierno central «abiertamente hostil» contra la costa gallega. Incide en que se trata de un «espantajo legislativo que humilla nuevamente a Galicia».

Junto a esto, Pazos Couñago ha felicitado a Conde por «incorporarse al equipo del práximo presidente de España» y por «cambiar de destino para mejorar España» en vez de «huir» como Carmela Silva y José Ramón Gómez Besteiro «buscando refugio ante la debacle que se les viene encima».

«No entendió absolutamente nada», le ha respondido Bará en su turno de réplica. Le ha indicado que «una cosa son las competencias en materia de ordenación de litoral» y otra las competencias «en materia de gestión», es decir lo relacionado con servicios, funciones, expedientes, personal, edificios, autorizaciones y concesiones, dado que «eso no está en el Estatuto.

En esta línea, Bará califica a los populares de «letales para el autogobierno gallego», con un balance de traspaso «patético y desastroso».

APOYO DEL PSDEG

Mientras, Patricia Otero (PSdeG) ha defendido el voto a favor de su grupo de la toma de consideración de esta ley, puesto que observa «mayor» seguridad jurídica frente a una norma gallega en tramitación con la que «no se conseguirá tener las plenas competencias». De hecho, remarca que el Consultivo avisa de que para el traspaso de personal y medios resulta necesaria la luz verde por parte del Estado.

Recuerda que con Emilio Pérez Touriño como presidente de la Xunta se buscó la transferencia de estas competencias, pero los populares lo «bloquearon». Asimismo, ha reprobado el balance de los populares de «cero competencias transferidas a Galicia» durante 14 años.