El juzgado de instrucción de Noia (A Coruña) ha abierto diligencias penales contra Tungsten San Finx, filial de la empresa australiana Pivotal Metals, así como contra sus administradores por un supuesto delito contra el medio ambiente y los recursos naturales.

De ello ha informado la cofradía de Noia en un comunicado, en el que explica que el inicio de este proceso parte de una denuncia presentada por el patrón mayor del pósito, Santiago Cruz, y de su homólogo en Portosín, Isaac Gaciño, ante «la evidencia de la contaminación» que provoca esta explotación minera situada en Lousame.

La denuncia presentada incorporaba analíticas con las que se busca demostrar la presencia en el río de metales pesados «procedentes de vertidos ilegales realizados por la minera», así como vídeos y fotos «en los que se observa claramente el punto en le que los vertidos se incorporan al cauce».

Las cofradías denunciantes avisan de que «la situación actual es solo una muestra de lo que podría acontecer a una escala mucho mayor en el caso de que se lleve adelante el vaciado de las plantas inundadas, pues esto supondría duplicar el caudal del río con una inyección de casi 1.000 millones de litros por año».

Además, los pósitos sostienen que «entre 2017 y 2020 la mina bombeó ilegalmente aguas contaminadas de la quinta planta de la mina, excavada sin autorización y que no figuraba en el proyecto de explotación».

FRENTES JUDICIALES

Paralelamente, hace unas semanas la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de A Coruña estimó un recurso de apelación de la Cofradía de Noia en la que corrige al juzgado compostelano que había decidido sobreseer la causa de la mina de San Finx, en Lousame (A Coruña), en el marco de la que se investigaba al exdirector xeral de Enerxía e Minas Ángel Bernardo Tahoces y funcionarios del departamento.

Además, las cofradías anunciaron que presentarán esta semana una demanda contra la autorización de vertido ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, «una vez que la Xunta no dio respuesta al recurso de alzada presentado por una docena de entidades a pesar de su obligación de resolverlo en tres meses».

Asimismo, el pasado lunes el colectivo Ecoloxistas en Acción y la Fundación Montescola presentaron una demanda en la que piden medidas cautelares para que se paralicen los vertidos antes de que causen un daño grave.