El BNG ha registrado iniciativas en el Congreso para reclamar al Ministerio de Pesca que defienda los intereses de la flota pesquera después de conocer el nuevo informe Consejo Internacional para la Exploración del Mar (CIEM) que recomienda el cierre de nuevas áreas de pesca de la zona norte de la Península Ibérica y el Golfo de Bizkaia.

De ello ha informado el Bloque en un comunicado, en el que explica que el diputado en el Congreso, Néstor Rego, pide la elaboración de un informe científico técnico, con datos completos y actualizados, así como el impacto socioeconómico que supondrá para Galicia una nueva restricción de las áreas para la pesca de fondo.

El frente nacionalista, que urge mantener una posición firme en defensa de los intereses de la flota pesquera gallega, señala que de confirmarse la recomendación de cierre de nuevas áreas por parte del CIEM, la flota pesquera de fondo verá amenazado su futuro por la revisión de las 87 zonas vedadas, afectando también al llamado Banco de Galicia, uno de los caladeros más productivos.

En opinión del diputado nacionalista, el Ministerio de Pesca debe mantener la posición firme en la defensa de los intereses de la flota pesquera gallega en el seno de Europa y «exigir que no se siga adelante con el cierre de nuevas zonas y caladeros de pesca a las artes de fondo».

En este sentido, el parlamentario nacionalista quiere conocer si el Ministerio de Pesca realizó algún análisis del informe para saber las consecuencias que tendría para la flota gallega y del conjunto del Estado la implantación de los distintos escenarios que propone el informe del CIEM.

«Cualquiera de los escenarios recomendados por el informe supone aumentar la superficie vedada entre un 49% y un 62%. Se trata de un informe demoledor, con graves consecuencias para el sector, pero que también genera muchas dudas sobre su fiabilidad y rigurosidad por haberse realizado a partir de datos sesgados, así como por no contemplar las diversas artes encuadradas en la pesca de fondo», sostiene.

El frente nacionalista exige la realización de un estudio científico-técnico que cuente con datos completos y actualizados antes de adoptar cualquier decisión por parte de la Unión Europea al considerar que los datos contenido en el informe del CIEM se refieren al 2011 y «no son recientes». «Tampoco se hace referencia al grave impacto socioeconómico que las medidas de cierre tendrían sobre la economía gallega, por lo que exigimos que se tenga en consideración ese impacto», manifiesta.