El 35% de los centros educativos públicos de Galicia eligen libros de texto en castellano para las materias que se deberían impartir en lengua gallega, según un informe elaborado por A Mesa pola Normalización Lingüística.

El estudio, elaborado por la estudiante de Filoloxía Galega Nuria Fouciños y coordinado por el presidente de la plataforma, Marcos Maceira, analiza y compara los proyectos lingüísticos publicados en las páginas web de los centros educativos con los libros y manuales utilizados en las materias.

Estos documentos, de acceso público, exponen el programa y medidas relacionadas con el fomento de la lengua gallega en los centros, la decisión en cuanto a las materias impartidas en cada idioma, los objetivos y la línea de actuación durante el curso escolar.

Así, han comprobado que el 60% de los centros educativos tienen desactualizados estos proyectos, que deben de renovarse cada cuatro años, o no ofrecen información al respecto.

También, el artículo 14.3 del Decreto de plurilingüismo establece la inspección de estos proyectos por parte de la Consellería de Educación, una evaluación que Maceira ha sentenciado «no existe».

INCUMPLIMIENTO DE LA EQUIDAD

En cuanto a la distribución horaria de las materias en Educación Secundaria, el decreto determina una división de las lenguas «equitativa», que Maceira asegura que «no se cumple, ya que tanto la LOMCE como la LOMLOE otorgan mayor carga horaria a aquellas materias en las que el uso del gallego está directamente prohibido».

Una situación que desde la plataforma han anunciado que «empeora» con el programa para libros de texto digitales, Edixgal, en el que la presencia de materias en castellano es «muy superior», con 52 horas en el conjunto de la ESO, frente a 29 en gallego y 16 en otras lenguas.

En esta línea, han añadido que Edixgal incluye «un nuevo veto al gallego» al introducir el castellano en siete nuevas materias, lo que «incumple el marco legal y frustra cualquier intento del profesorado por corregir esta situación».

Con todo, A Mesa ha acusado al Gobierno autonómico de llevar a cabo «una política de eliminación paulatina, intencionada y calculada de la lengua gallega en las clases» y de mantener una «actitud de negativa constante hacia la evaluación del funcionamiento del decreto».