El Comité de Cumplimiento de la Convención de Aarhus (ACCC), dependiente de la ONU, abordará en el mes de junio la queja que varias entidades trasladaron por la falta de información solicitada a la Xunta en relación a las minas de Varilongo y San Finx y que tienen que ver con la evaluación de impacto ambiental. La cita había sido convocada para el 22 de marzo, pero el Gobierno gallego solicitó aplazarla al mes de junio y, según las fuentes consultadas por Europa Press, se llevará a cabo en una reunión del día 15.

La propia Xunta ha confirmado a Europa Press la solicitud de este aplazamiento en relación –indicó en la respuesta– a las denuncias de Petón do Lobo y O Ouriol de Anllóns, si bien fuentes consultadas han explicado que hay adicionalmente otras entidades adheridas.

Así, la Vicepresidencia Primera y Consellería de Economía, Empresa e Innovación ha manifestado que este asunto «se reactivó» ahora en 2023, «sin que la Xunta tuviera constancia hasta el mes de febrero», por lo que solicitó incluirla en la siguiente reunión «con el objetivo de poder estudiarlo en profundidad».

El representante en el Convenio de Aarhus es el Estado español, pero las denuncias tienen que ver con competencias de la Xunta relativas al medio ambiente, por lo que el Ministerio para la Transición Ecológica «acompañará» a los representantes de la Administración autonómica «en los trámites y audiencia que determine el comité de cumplimiento», según una respuesta parlamentaria ofrecida por este departamento al diputado de Galicia en Común, Antón Gómez-Reino, quien previamente había preguntado por esta cuestión.

En esa misma respuesta, a la que ha tenido acceso Europa Press, el Gobierno central recuerda que «la gestión en materia de protección de medio ambiente es competencia» de las comunidades y el Estatuto de Autonomía de Galicia otorga la gestión de las aguas que discurran dentro del territorio.

El propio Gobierno recuerda, en su respuesta, que la evaluación de esta cuestión por parte del Comité de Cumplimiento del Convenio de Aarhus (con referencia ACCC/C/2017/153) se inició en julio de 2017 y fue admitido en marzo de 2018. Concretamente, se refiere a las peticiones de información realizadas por las partes interesadas en 2017 a diferentes organismos dependientes de la Xunta.

Desde octubre de 2019 no había habido ninguna comunicación relativa al mencionado caso hasta el 26 de enero, cuando el secretario del comité envió cartas a las partes y al Punto Focal Nacional del Convenio de Aarhus, «indicando la intención de incluir el asunto en la próxima reunión del comité del 22 de marzo». Pero la Xunta, con «competencias exclusivas» en este caso, «solicitó un aplazamiento al siguiente comité, previsto para junio» y que, según las fuentes consultas por Europa Press, será el día 15.

El Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, como Punto Focal Nacional ante el Convenio, «realizará una labor de acompañamiento y coordinación» de los representantes de la Xunta responsables de este caso en los trámites y audiencia, tal y como confirma en la respuesta dada al diputado de uno de los partidos de la coalición.

PREGUNTA EN EL CONGRESO

En su pregunta registrada en el Congreso, Gómez-Reino señaló que varias entidades habían denunciado «la vulneración de los derechos de participación pública» en materia de medio ambiente y de acceso a la información ambiental en relación a las explotaciones mineras de San Finx y Varilongo, ambas en la provincia de A Coruña.

Los denunciantes explicaron en su momento que las explotaciones, aprobadas en 2009 y 2011, lo hicieron «sin procedimiento de evaluación de impacto ambiental», y que se habían aprobado también los planes de restauración sin la preceptiva fase de información pública que establece la Ley de Minas de 1973. En este sentido, recuerda que diversas entidades solicitaron información ambiental para «demostrar estos extremos», lo cual fue «denegado u obstaculizado».

En 2018, el ACCC acordó la admisibilidad preliminar de la queja. En ese momento, la Xunta alegó que la evaluación de impacto ambiental «no era necesaria para ninguna de las explotaciones, que no existía contaminación con metales pesados y que las presas de residuos mineros abandonadas no lo eran, entre otras falsedades», señala el diputado.

Ya en 2021, el organismo de cuenca inició un procedimiento sancionador por vertidos «ilegales» contra la concesionaria de la mina de Varilongo, al «verificar contaminación con metales pesados», y noviembre de 2022 la propia Xunta inició expediente de caducidad de las concesiones mineras de Varilongo, al «comprobarse las irregularidades» que se habían denunciado y que, critica Gómez-Reino, el Gobierno gallego «negó» en 2018 y 2019.

Sin embargo, recientemente la Federación Galega de Ecoloxistas en Acción interpuso en los Juzgados de Santiago una denuncia penal contra varios altos cargos de la Consellería de Economía, Empresa e Innovación por «no proceder a declarar la caducidad de las concesiones de la mina de Varilongo», en Santa Comba, propiedad de la misma empresa de San Finx. Al respecto, denunciaron que «no era el único favor que la Xunta le hizo a la minera australiana en Santa Comba, pues dejó caducar un procedimiento sancionador por vertidos de metales pesados», lo que supuso contaminación de ríos próximos –añadieron–.

ADMISIBILIDAD DE OTRO EXPEDIENTE

Por otro lado, la Xunta ha confirmado a Europa Press que la próxima semana, el día 21, este mismo comité evaluará la admisibilidad, es decir, el inicio de la tramitación (o no) de un expediente, por las garantías de acceso a la justicia sobre las autorizaciones a San Finx.

En este caso, Verdegaia ha planteado una queja por la falta de las resoluciones y actuaciones judiciales frente a las denuncias presentadas en este ámbito y de lo que, de aceptarse la denuncia ante el comité, tendrá que dar cuenta el Gobierno central como responsable en materia de Justicia.