El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, se ha reunido esta semana con la directiva de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN) en Galicia, a la que ha avanzado próximas líneas de actuación de su gobierno como un nuevo programa de acompañamiento en el acceso a la vivienda para personas sin hogar.
El objetivo, según informa el Ejecutivo autonómico, será situar el ámbito residencial «en el centro» de los procesos de inclusión social e implicar a distintos departamentos para ofrecerles todos los servicios y prestaciones que les corresponden.
En concreto, a este encuentro con Alfonso Rueda, en el que también ha estado la conselleira de Política Social e Xuventude, Fabiola García, ha acudido la dirección de EAPN Galicia encabezada por su presidenta, Eloína Ingerto. Esta entidad engloba a más de un centenar de organizaciones no gubernamentales y colectivos de personas vulnerables.
El presidente de la Xunta también ha tenido la oportunidad de explicarles que la Administración autonómica trabaja para modificar la Lei de Inclusión Social de Galicia, con la finalidad de reducir la burocracia en la adaptación de la Renta de Inclusión Social de Galicia (Risga) al Ingreso Mínimo Vital (IMV) y evitar perjudicar a sus beneficiarios.
En este contexto, Rueda ha lamentado las «constantes modificaciones» realizadas por el Gobierno central con respecto a la normativa estatal y la «falta de coordinación» con las comunidades autónomas para que los trámites y los requisitos no dificulten el cobro.
«COLABORACIÓN CONSTANTE»
La Consellería de Política Social e Xuventude mantiene con EAPN una «colaboración constante», según reivindica la Xunta, y desde el 2016 firma con la entidad un convenio para luchar contra la pobreza y la exclusión social que en este año se incrementará en un 11%.
En esa misma línea, el presupuesto de la Dirección Xeral de Inclusión Social aumentó en 2023 un 25% con respecto al año pasado, hasta los 148,5 millones, para –entre otras actuaciones– poder subir un 8% las cuantías de la Risga y de las ayudas de inclusión social, aumentar un 6% el complemento a las pensiones no contributivas y aumentar la ayuda autonómica que complementa el bono social térmico en un 50%.
Asimismo, la Xunta tiene previsto aprobar este año una nueva estrategia gallega de inclusión social con horizonte 2030, para garantizar la cobertura de las necesidades básicas de personas en riesgo de pobreza y exclusión, adaptada al contexto actual por las consecuencias de la pandemia, la crisis económica, la subida de precios de productos básicos y las dificultades para acceder a una vivienda digna.
La norma, que hará hincapié en la necesidad de facilitar a estas personas la inserción, incluirá también acciones específicas para la población gitana.
