El Defensor del Pueblo ha denunciado que algunos centros de Atención Primaria están sufriendo demoras de «varios días y hasta semanas» debido a la escasez de profesionales sanitarios, la precariedad que sufren, la falta de recursos o sus problemas presupuestarios.

Así consta en el ‘Informe Anual 2022’ del Defensor, publicado este lunes, que, pese a los problemas de la Atención Primaria o de las listas de espera, ha registrado una bajada del número de quejas relacionadas con Sanidad: unas 1.700 este año frente a casi 2.400 en 2021.

En cualquier caso, en esta edición la entidad liderada por Ángel Gabilondo ha dedicado un apartado especial a la Atención Primaria, que, desde antes de la pandemia de COVID-19, «se enfrenta a una crisis que queda reflejada en la pérdida de capacidad para atender adecuadamente la demanda asistencial, por varios factores, aunque muy especialmente por la insuficiencia de profesionales sanitarios».

En este punto, el Defensor ha criticado que las demoras para recibir atención en consulta con personal médico o de enfermería «superan en muchos centros de Atención Primaria, particularmente en grandes ciudades o zonas metropolitanas, el plazo de varios días y hasta semanas».

Así, lamentan que estas cifras «desvirtúan la propia naturaleza de la Atención Primaria, basada en la proximidad y la continuidad asistencial». «Los reajustes constantes de plantillas provocan, además, la pérdida de vinculación entre los profesionales y sus pacientes, eliminando otro elemento que caracteriza este nivel asistencial», añaden.

Una de las razones de esta situación, según el Defensor, es la «menor proporción de presupuesto que destinan a ella las administraciones autonómicas» frente a la Atención Especializada.

Otro de los motivos es «el insuficiente número de profesionales sanitarios disponibles». «Todas las administraciones citadas conocen esta circunstancia desde hace años, sin que parezca que los acuerdos y medidas que se adoptan eviten el proceso de adelgazamiento y envejecimiento de las plantillas de personal», esgrimen al respecto.

Por todo ello, piden un «acuerdo estable» en toda España y una «coordinación reforzada» para paliar «la deriva en que se encuentra el sistema, por lo que se refiere a las especialidades médicas más deficitarias». De entre todas ellas, el Defensor destaca la Medicina Familiar y Comunitaria, la «columna vertebral de la Atención Primaria».

GRAN CARGA DE TRABAJO

El Defensor indica que «muchas de las quejas» son presentadas por médicos y enfermeros que manifiestan su «gran preocupación» por la carga de trabajo que soportan, como consecuencia del alto número de pacientes que atienden cada día.

Por ello, el Defensor reclama que la forma de medir la presión asistencial sobre los sanitarios vaya «más allá del indicador que asigna un determinado número de personas (o tarjetas sanitarias) a cada profesional».

«Ese indicador no refleja circunstancias determinantes, como es, en primer lugar, la desviación entre las plantillas teóricas asignadas a cada centro y las muchas incidencias que provocan la ausencia efectiva de personal, que no se sustituye debidamente y a tiempo. Así como otros factores igualmente determinantes y trascendentales, como la desigual demanda asistencial entre distintas zonas geográficas por razones demográficas y socioeconómicas», han argumentado.

En consecuencia, reivindican que los profesionales de Atención Primaria «necesitan tiempo para realizar en condiciones óptimas su labor asistencial, para aplicar métodos innovadores que modernicen y hagan más resolutiva la atención que prestan o para mantener al día sus conocimientos en contacto con otros campos y especialidades sanitarias».

LA COMUNIDAD DE MADRID, LA MÁS AFECTADA

Por comunidades autónomas, el Defensor explica que ha tramitado un «número significativo» de quejas de ciudadanos sobre la sanidad, especialmente en la Comunidad de Madrid, en «más de sesenta centros sanitarios, entre centros de salud, consultorios y centros de urgencias extrahospitalarias».

También es la comunidad autónoma a la que se han dirigido la mayoría de las recomendaciones del Defensor. Por ejemplo, el informe recoge una petición para reforzar la atención en el Centro de Salud Abrantes, en Madrid, a fin de que pueda prestarse servicio en turnos de mañana y tarde, así como reducirse la presión asistencial. Según el Defensor, esta petición aún no ha sido llevada a cabo.

Igualmente, el informe recoge las quejas sobre los cierres de los centros de urgencias extrahospitalarios, particularmente en Madrid. Al hilo, el Defensor pide «servicios próximos, capaces de prestar una atención de 24 horas a situaciones de menor complejidad, o no necesitadas de acudir inmediatamente a un centro hospitalario».

El documento recuerda que ya en verano el Defensor se dirigió a la Comunidad liderada por Isabel Díaz Ayuso pidiendo que «reanudara cuanto antes» la atención en los centros de urgencias extrahospitalarios, pues permanecían cerrados desde marzo de 2020. La Consejería de Sanidad madrileña anunció su reordenación, pero los trabajadores siguen convocando paros ante su rechazo a este nuevo modelo. El Defensor, mientras tanto, «ha solicitado más información» a Madrid.

Otra queja en la que el Defensor se ha puesto en contacto con la Comunidad de Madrid es en la sustitución del liderazgo de los médicos de familia por enfermeros en los centros de salud. La entidad no se posiciona en este asunto y solo apunta que «ha solicitado más información sobre la solución para los centros que no pueden contar en algún momento con un profesional médico de presencia».

Al margen de la Comunidad de Madrid, el Defensor también ha detallado otras actuaciones en el resto de comunidades autónomas, aunque «en un número bastante inferior».

Así, se han recibido quejas sobre la presión asistencial y la demora para consulta en 14 centros de Andalucía y en diez centros de la Comunidad Valenciana, Castilla y León o Castilla-La Mancha, siendo menor el número de centros objeto de supervisión en CCAA como Galicia, Cataluña, Aragón, Murcia y el resto de territorios.

En el mismo sentido, el Defensor critica el «gran impacto» de esta situación de la Atención Primaria en las zonas rurales. «Aquí la cuestión no se centra en la presión asistencial o ni siquiera en los tiempos de demora para consulta, sino directamente en la continuidad de los propios centros sanitarios que ven suspendida su actividad, sea por falta de medios o por una acusada reducción de la demanda asistencia», afean.

Según la entidad liderada por Ángel Gabilondo se ha producido una suspensión de actividad «definitiva» en algunos centros de salud rurales tras la pandemia de COVID-19 «por procesos de planificación que ya estaban en marcha antes de 2020».

En este ámbito, también señalan la falta de pediatras: «En las zonas más despobladas o alejadas de los grandes núcleos de población, la dificultad para acceder a la atención pediátrica primaria se presenta además con más frecuencia, cuando resultaría conveniente, para avanzar en las políticas de equilibrio territorial, contar precisamente con más profesionales pediatras».