La Xunta de Galicia ha pedido al Gobierno información sobre el inicio del procedimiento de infracción contra España puesto en marcha por la Comisión Europea por la falta de transparencia en las adjudicaciones de concesiones en el dominio público marítimo terrestre del litoral que se recogen en la Ley de Costas.

En dos cartas dirigidas al secretario de Estado para la Unión Europea, Pascual Ignacio Navarro, y a la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, la conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, Ángeles Vázquez, considera «necesario» que el Ejecutivo gallego conozca «en profundidad» dicho procedimiento sancionador abierto.

En las misivas, a las que ha tenido acceso Europa Press, Vázquez explica que a través de los medios de comunicación de la propia Comisión ha tenido conocimiento del envío de una Carta de Emplazamiento a España a fin de abrir un procedimiento de infracción.

Sin embargo, desde el Ejecutivo central no se ha trasladado esta información a las comunidades, pese a que para Galicia es «especialmente relevante», entre otros motivos, por ser la que mayor número de kilómetros de costa tiene.

«Es necesario que esta Comunidad conozca en profundidad el procedimiento de infracción abierto. Y aún partiendo, y como no podría ser de otro modo, de que la administración general del Estado ejercerá la legítima defensa del ordenamiento jurídico vigente a los efectos de acreditar que la pretendida vulneración de la Directiva de Servicios no se produce, le solicito que a la mayor brevedad posible y en aras a completar desde nuestra perspectiva tal defensa, se dé trasladado a esta Comunidad autónoma de todas y cada una de las comunicaciones que se hayan intercambiado entre este Ministerio y la Comisión, y singularmente el contenido de la Carta de Emplazamiento», reivindica Ángeles Vázquez.

En el documento, la Xunta asegura que tiene conocimiento de la existencia de estas comunicaciones entre la Comisión y el Ministerio sobre el asunto, de las cuales tampoco Galicia fue informada.

Además, el Ejecutivo autonómico recuerda que la Comunidad tiene «esenciales competencias exclusivas» sobre el litoral, además de la competencia exclusiva en materia de ordenación del litoral, «directamente afectadas por la cuestión que se plantea» en el procedimiento puesto en marcha por Bruselas.

Las cartas, fechadas en el 23 y el 24 de febrero, todavía no han tenido respuesta por parte del Gobierno, según fuentes de la Xunta consultadas por Europa Press.

EXPEDIENTE

Todo ello después de que la Comisión Europea informase el 15 de febrero del inicio de un procedimiento de infracción contra España por falta de transparencia en los procedimientos de adjudicación de concesiones en el dominio público marítimo terrestre del litoral y porque cree que las prórrogas sin justificación son «contrarias» a las reglas de la Unión Europea (UE).

La ley española permite ampliar hasta 75 años las concesiones de restaurantes e industrias, como fue el caso de ENCE en la Ría de Pontevedra.

«La Comisión ha decidido incoar un procedimiento de infracción contra España por no haber garantizado un procedimiento de selección transparente e imparcial para la adjudicación de concesiones relativas a las zonas costeras», informó el Ejecutivo comunitario.