La Consellería de Cultura, Educación, FP e Universidades defiende que trabaja «para reducir una situación injusta» derivada de la extinción del Profesores Técnicos de Formación Profesional (CPTFP) que marca la Lomloe, que implicará que los docentes que ahora estén en esta categoría se dividan entre aquellos que pueden integrarse en el cuerpo de Profesores de Educación Secunddaria (PES) y los que no, con la correspondiente diferencia salarial.

La Xunta afea al Gobierno central esta «mala» y «unilateral» decisión, pero asegura que «está analizando las peticiones de integración y trabajando para reducir» la brecha que esto va a provocar.

Así responde la Consellería a una consulta de Europa Press después de que este martes el sindicato CIG-Ensino presentase un total de 1.375 firmas para solicitar un complemento salarial compensatorio, de al menos 170 mensuales, destinado a aquellos profesores técnicos de FP que no puedan acceder al cuerpo PES, para así equipararlos con los que sí lo hagan.

Y es que los profesores de esta modalidad que cuenten con un título universitario podrán ascender al PES, que se corresponde con el subgrupo funcionarial A1, si bien los que no tengan estas titulaciones se mantendrán en un A2: en el cuerpo a extinguir o en el nuevo grupo Profesorado Especialista en Sectores Singulares de la FP (PESSFP).

La Consellería de Educación defiende que ya advirtió «desde el primer momento, hace más de dos años», que la decisión estatal de suprimir el cuerpo de técnicos «era un despropósito». «Lo advertimos antes de que se aprobase la nueva ley educativa (Lomloe), sin que el Ministerio nos escuchase. Después se vieron obligados a corregir este error a través de la nueva ley de FP», asegura el departamento de Román Rodríguez, en la respuesta a Europa Press.

La Administración autonómica, que abrió entre los días 9 de noviembre y 9 de diciembre el plazo de solicitud –todavía falta la publicación del listado de admitidos–, estima que la integración de estos docentes técnicos en el cuerpo de PES afectará a entre 1.200 y 1.500 profesionales.

Además, la Xunta lamenta que tenga que asumir «de modo íntegro» un incremento de la masa salarial de los empleados públicos de unos 3,5 millones de euros anuales por esta decisión del Gobierno central. A mayores, estima que desembolsará otros 5,5 millones de euros en concepto de atrasos, dado que el incremento retributivo se aplicará con carácter retroactivo desde enero de 2021.