El Gobierno ha pactado congelar el precio de los alquileres cuando se tengan que renovar contratos durante seis meses, dentro del paquete de medidas para hacer frente a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania que aprobará este martes el Consejo de Ministros y entrará en vigor el 1 de enero.

La congelación de alquileres ha sido una de las demandas fundamentales de Unidas Podemos dentro de las negociaciones de este tercer paquete de medidas y ha sido el principal escollo para sacar adelante el nuevo decreto.

Desde Unidas Podemos han celebrado a través de sus redes sociales el impulso de esta medida, además de las relacionadas con aumentar el descuento al transporte público y con el cheque para la cesta de la compra.

«En la negociación del nuevo escudo social, hemos apretado mucho para limitar la subida de los alquileres, aumentar el descuento al transporte público y para el cheque para la cesta de la compra. Los poderes mediáticos lo llaman «ruido». Nosotros: «mejorar la vida de la gente», ha escrito en Twitter el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique.

En relación al cheque de entre 200 y 300 euros que el Gobierno prevé impulsar para aliviar el coste de la cesta de la compra de los más vulnerables, el secretario de Economía de Podemos y secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, ha afirmado, en una entrevista en ‘Las mañanas’ de RNE, que llegaría a «cerca de 5 millones de familias» y que se aplicaría «de forma inmediata».

Álvarez ha afirmado que muchas de las cuestiones que se incluirán en el decreto tendrán «previsiblemente» una vigencia de seis meses. «En todo caso es una decisión final que compete al Consejo de Ministros», ha subrayado.

RETIRAR LA SUBVENCIÓN GENERALIZADA AL COMBUSTIBLE

Una de las medidas más cuestionadas ha sido la prórroga de la bonificación de 20 céntimos al litro de combustible. El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ha afirmado en una entrevista esta mañana en TVE, recogida por Europa Press, que las dos formaciones del Gobierno de coalición han coincidido en que se debe retirar la subvención generalizada, aunque manteniéndola para los sectores profesionales.

De hecho, la responsable económica del Gobierno, Nadia Calviño, aludía, entre los sectores que se pueden ver más afectados, el transporte, la agricultura, la ganadería y la pesca.

PRÓRROGA DE MEDIDAS ACTUALMENTE EN VIGOR

Aunque el Ejecutivo no ha contemplado casi ninguna medida de prórroga en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2023 para responder a las consecuencias de la guerra en Ucrania, fuentes del Ministerio de Hacienda asumen que se tendrán que prorrogar «bastantes medidas» actualmente en vigor.

La única excepción que se incluye en las cuentas públicas del próximo año es la gratuidad de los billetes de Cercanías y Media Distancia para viajeros frecuentes, que supondrán unos 660 millones de euros a lo largo del ejercicio.

Entre las medidas que ya se han confirmado que se prorrogarán destaca el límite del 2% para la actualización de las rentas de alquiler y la subida del 15% de las pensiones no contributivas, después del acuerdo del Gobierno con EH Bildu para lograr su apoyo a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2023.

En materia fiscal, el Gobierno impulsó una batería de medidas destinadas a contener la subida de precios en la factura de luz. Destaca la bajada del IVA del recibo de la luz del 10% al 5%, que se aplica a los consumidores, empresas o particulares, con una potencia contratada de hasta 10 kilovatios, la aplicación del tipo impositivo del 0,5% del Impuesto Especial sobre la Electricidad, y la prórroga de la suspensión temporal del Impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica.

Cabe recordar también que en el segundo paquete de medidas aprobado en junio, el Gobierno incluyó el incremento transitorio del 15% del Ingreso Mínimo Vital, la prohibición de la suspensión del suministro de energía eléctrica, gas y agua, una ayuda directa de 200 euros para asalariados, autónomos y desempleados inscritos en las oficinas de empleo que residan en hogares con una renta inferior a los 14.000 euros y la congelación del precio máximo de la bombona de butano hasta final de año en 19,55 euros.