El BNG ha instado este miércoles a la Xunta, durante el Pleno del Parlamento, a asumir su responsabilidad en lo que respecta a las «condiciones laborales precarias» que sufren las trabajadoras del SAF; un servicio que, tal y como ha recordado la conselleira de Promoción do Emprego e Igualdade, es de competencia municipal.

La nacionalista Olalla Rodil ha defendido en una pregunta oral que pese a ser el SAF un servicio muy demandado, con 8.000 trabajadores y atendiendo a 24.000 personas, enfrenta «condiciones precarias desde hace años, con un convenio colectivo caducado desde 2011 y con el ninguneo y abuso por parte de las empresas adjudicatarias del servicio para evitar firmar un nuevo convenio»

«La Xunta tiene mucha responsabilidad, ya que el SAF es un servicio público como recoge la normativa de 2009, aunque gestionado por el Ayuntamiento, pero financiado con el dinero de todos, con 110 millones de euros públicos», ha apuntado Rodil.

Ante estas críticas, la conselleira ha recordado que el SAF es una competencia municipal, aunque la Xunta lo cofinancie, «y de una forma además más intensa de lo que le corresponde, en un 70%, cuando la Ley de Dependencia estipula un 50%- 50%».

La problemática, considera Lorenzana, surge en 2022, «ya que los salarios se actualizaron en 2021 en base al IPC». Además, ha recordado, hace meses que se iniciaron las negociaciones para firmar un nuevo convenio entre tres sindicatos y la patronal, del que ha salido un preacuerdo «con la mediación de la Xunta».