El Consello da Cultura Galega contará con un 8% más de presupuesto en 2023, año en el que se celebrará el 40 aniversario de vida de la institución, que quiere aprovechar la efeméride para «promover la internacionalización» de la cultura de Galicia.

La presidenta del Consello da Cultura Galega, Rosario Álvarez, ha sido la encargada de cerrar este miércoles en la Comisión de Presupuestos de la Cámara gallega la ronda de titulares de los consejos asociados al Ejecutivo gallego (Contas, Consultivo, CES y CCG), abiertas el pasado lunes con el conselleiro mayor de Contas, José Antonio Redondo.

Allí, Álvarez ha valorado que, después de años en los que la asignación al CCG presentaba incrementos «pequeñísimos, cuando los había», se adopte ahora un aumento hasta los 3,075 millones de euros, con el que el CCG «se acerca» a las cifras económicas de las que dispuso en 2008; aunque no ha querido entrar a comentar lo que la comparación con 15 años atrás supone en «términos relativos».

Así las cosas, a las puertas del año en el que cumplirá cuatro décadas de vida, el CCG ha establecido como una de sus prioridades llevar la celebración de la efeméride «más allá» de una institución que, según Álvarez, ha experimentado un «incremento notable» de su función asesora con la emisión en el año 2020 de 59 informes.

La promoción exterior de la cultura gallega y promover debates que contribuyan a «pensar el mundo» desde Galicia serán los ejes del CCG de cara al próximo año, en el que organizarán actividades sobre el patrimonio material e inmaterial gallego, la memoria o el pensamiento contemporáneo.

Sobre la actividad de este año, Rosario Álvarez ha destacado la organización de 81 actividades, de las cuales, el 32% tuvieron lugar fuera de la sede de la institución en el Pazo de Raxoi de Santiago, en línea con la promesa de «descentralizar» el CCG que asumió la actual presidenta al asumir el cargo.

Por su parte, los grupos de la oposición ha lamentado lo que consideran «falta de compromiso» de la Xunta con la cultura gallega que, según las diputadas Mercedes Queixas (BNG) y Noa Díaz (PSdeG), se plasma con la asignación presupuestaria a la institución. «No podemos aceptar seas acusaciones de falta de apoyo de la Xunta, sobre todo, cuando tenemos un Gobierno del Estado que podría hacer mucho más aprobando, por ejemplo, un Perte para el sector cultural», ha respondido Ovidio Rodeiro (PP).

CONSELLO CONSULTIVO

El primero en abrir la jornada ha sido el presidente del Consello Consultivo de Galicia, José Luis Costa Pillado, quien encabeza una institución que cuenta para 2023 con un presupuesto de 2,2 millones de euros, en torno a un 4% más que en el presente ejercicio.

El responsable del Consultivo desde 2014 ha subrayado que las cantidades presupuestadas, siendo «pequeñas», son «suficientes» para desempeñar «con dignidad y eficacia» las funciones de un organismo «no inversor» que dedica más del 80% de sus cuentas a gastos de personal.

Durante el pasado año, el Consello Consultivo emitió dictámenes sobre 500 asuntos, de los cuales, «el 85%» fueron seguidos por las administraciones. Costa Pillado ha destacado la reducción a 21 días del plazo medio de entrega de los documentos, entre los que siguen teniendo un peso especial las reclamaciones patrimoniales por temas sanitarios, que suman unas peticiones de 59 millones de euros.

Otra de las áreas que está acaparando parte del trabajo del Consultivo son las reclamaciones por daños presentadas por empresarios y responsables de negocios que piden compensanciones por las medidas de limitación de horarios o actividad dictadas por las administraciones durante la pandemia. En relación a ello, el Consultivo ha determinado que «no había lugar» a indeminizaciones.

Asimismo, Costa Pillado ha advertido que la crisis de precios actual ha abierto un nuevo marco de conflicto en la contratación pública ante las demandas que piden reajustar las adjudicaciones por el incremento del valor de los materiales, un asunto que suma reclamaciones por valor de 104 millones de euros.

Por su parte, los grupos han valorado el trabajo realizado por el Consello Consultivo, si bien el diputado del PSdeG Pablo Arangüena ha insistido en que debe acometerse una reforma del marco normativo de este organismo.

CONSELLO ECONÓMICO E SOCIAL

A continuación ha sido el turno del Consello Económico e Social, que dispondrá en 2023 de un presupuesto de 1,08 millones de euros, un 4,2 por ciento más que en el presente ejercicio, en el que el organismo que preside Agustín Hernández ha emitido informes sobre un total de cinco anteproyectos legislativos del Gobierno gallego que, a juicio de la oposición, continúa sin asumir las recomendaciones de esta institución donde está representada «el conjunto» de la sociedad gallega.

Hernández ha subrayado que la asignación económica permite «asumir las funciones» que el CES tiene encomendadas y que se verán modificadas en la Ley de medidas fiscales, conocida como ley de acompañamiento a los presupuestos, para «dar seguridad jurídica» a las compensaciones que reciben las organizaciones sindicales, empresariales y sociales que participan en el órgano.

El incremento de las cuentas del CES para el próximo año se debe fundamentalmente al capítulo de personal y la reformulación de los gastos asociados a la elaboración de informes. Así las cosas, el CES no contempla en 2023 llevar a cabo inversiones, ya que los equipos informáticos fueron renovados recientemente.

En cuanto a la actividad desempeñada en los últimos meses, Agustín Hernández ha resaltado, además de los informes sobre proyectos de ley del Ejecutivo autonómico, la elaboración de otros estudios «por iniciativa propia» que se realizan a través de convenios con las tres universidades gallegas en asuntos como la digitalización de la sociedad gallega, la situación del sector energético, el impacto de la pandemia o la evolución empresarial desde el estallido de la guerra de Ucrania.

También ha incidido en la emisión de posicionamientos sobre cuestiones como la demanda de mejoras en la red ferroviaria de Galicia, el apoyo a la economía social de Galicia, los cambios en el estatuto de protección del lobo o el respaldo mostrado por el CES al mantenimiento en la comunidad de las sedes del Instituto Nacional de Oceanografía.

En cuanto a las asignaturas pendientes, Agustín Hernández ha reconocido que el CES todavía es una institución que goza de poco reconocimiento entre la sociedad gallega, aunque ha valorado como positivo que los documentos que tiene disponibles en su página web hayan recibido un total de 21.000 visualizaciones externas.

Por parte de los grupos, Daniel Pérez (BNG) y Begoña Rodríguez Rumbo (PSdeG) han puesto el foco en que el Gobierno gallego no incorpora «muchas veces» en sus leyes los dictámenes del CES, un organismo que ven «invisibilizado» y al que han pedido que acuda regularmente al Parlamento para informar de su actividad más allá de la comparecencia anual en la ronda de los presupuestos. Por parte del PP, el diputado Fernando Pérez ha defendido que la Xunta «toma nota» de lo que dice el CES y ha apelado a que sigan ese camino «otras» administraciones.