Con el nuevo modelo de residencias de la Xunta todavía por concretarse, la ley de medidas fiscales y administrativas que ‘acompañan’ a los presupuestos de 2023 incorpora una edad «mínima» para acceder a los servicios de atención residencial, en sus modalidades básica y terapéutica.
De esta manera, se prestarán estos servicios de atención residencial «a las personas con edad igual o superior a 65 años, salvo que en su normativa específica se contemple otro límite de edad».
La ley de acompañamiento, consultada por Europa Press, contempla también que con «carácter excepcional» se podrán prestar estos servicios a las personas menores de 65 años que, por su grado de dependencia, tipología e intensidad de cuidados que precisen, «tengan unas condiciones asistenciales equiparables a las del resto de usuarios de estos servicios».
De este modo, se modifica el decreto 149/2013, por el que se define la cartera de servicios sociales para la promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia (que incorporó con la ley de medidas fiscales y administrativas de 2019 la regulación de la teleasistencia).
«ATENCIÓN CENTRADA EN LAS NECESIDADES»
Este cambio, explica en su motivación la Xunta, tiene como fin «alcanzar una atención más centrada en las necesidades de las personas, teniendo en cuenta el principio de especialización de los servicios en función de los colectivos», así como la búsqueda de la «homogeneidad» en las características etarias de los usuarios, «como ya recogía en su día», dice, la orden del 18 de abril de 1996.
En la argumentación aportada, explica que las residencias de mayores «no semejan la respuesta asistencial más adecuada a las necesidades residenciales» de adultos no mayores con problema de salud mental, y que son derivados de los servicios de salud después de haber recibido una atención sanitaria inicial o de urgencia en los centros sanitarios.
El Gobierno gallego motiva la urgencia de esta medida en la ley ‘paraguas’ por la «necesidad de alcanzar una homogeneidad» en las características etarias de los usuarios, con el fin de «dar una respuesta más adecuada a las necesidades, con una asignación más eficiente de los recursos».
