Miembros de la organización sindical CIG han participado en una protesta ante el complejo administrativo de la Xunta en San Caetano contra unos presupuestos autonómicos para 2023 negociados por la vía «exprés» y que no incorporan «ningún complemento salarial» adicional a la subida del Gobierno pese a que el incremento del IPC en Galicia es superior a la media estatal.

Tras una pancarta con el lema ‘Recuperar Dereitos. Recuperar Salarios’, un grupo de manifestantes han clamado contra unas cuentas –y la habitual ley de medidas que la acompaña– que, además, no se han modificado «ni una coma» pese a las alegaciones presentadas por el sindicato.

CIG se queja de que los Orzamentos son un «copia y pega del pacto a pérdidas negociado a escondidas y firmado en la mesa de las administraciones públicas del estado por CC.OO. y UGT» sin otra «fórmula» salarial a mayores; y de que, además, «mantienen suspendida la aplicación de todos los pactos y acuerdos retributivos y todos los derechos recortados por la ley de medidas» de 2012.

En declaraciones a los medios, la secretaria nacional de CIG-Autonómica, Zeltia Burgos, ha incidido este jueves en estas ideas y se ha quejado de la ausencia «de una fórmula salarial que complemente la subida del IPC gallego superior al del Estado español», mientras que los salarios «son más bajos» y se continúa sin recuperar «diez años después» los derechos «recortados en 2012».

«NEGOCIACIÓN EXPRÉS» Y MODIFICACIONES QUE «EMPEORAN» LOS SERVICIOS

«Lo que hizo la Xunta en apenas 48 horas fue meternos una negociación exprés en la que no cambió una sola coma de los documentos que ahora van al Parlamento», ha reprobado, antes de incidir en que «se cambian varias cuestiones de la Ley de empleo público, funciones, escalas y categorías del personal empleado público sin ningún tipo de escucha y proceso mínimo de negociación previa».

La representante de CIG también ha lamentado que no hay ningún cambio legislativo «de calado» o fórmula prevista para «conseguir que haya mejor o más empleo público» sino que más bien el Ejecutivo que dirige Alfonso Rueda actúa «al revés».

«Lo que hacen es limitar los servicios públicos esenciales de una forma bestial, de manera que ninguna plaza que quede vacante se pueda sustituir», ha avisado.

Enfrente, ha alertado de que «se abre totalmente la posibilidad» a entes instrumentales para que puedan asumir tareas que hasta ahora «hacían empleados públicos», como por ejemplo –ha señalado– la tramitación de los fondos europeos de recupeeración.

«Nos parece gravísimo», ha aseverado, antes de argumentar que determinadas funciones como esta deben ser realizadas por funcionarios públicos, «que son garantes de imparcialidad».