La Xunta ha demandado al Gobierno central que este lunes, en el Consejo de Ministros de Pesca de la Unión Europea, presione a Bruselas junto con Francia e Irlanda para que haga «recapacitar al comisario» ante el «sinsentido» del veto a la pesca de fondo en casi 90 áreas de aguas comunitarias.

«Esperemos sean capaces de que el comisario dé un paso atrás y revise todos los informes y datos disponibles», ha aseverado la conselleira do Mar, Rosa Quintana.

En una entrevista en la Radio Galega recogida por Europa Press, Quintana ha asegurado que el Gobierno central es quien está legitimado para presentar recurso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y ha afirmado que todas las autonomías –Galicia, País Vasco, Asturias, Cantabria y Andalucía– contribuirían en la búsqueda de argumentos jurídicos y datos con los que justificarlo.

En caso de que el Ejecutivo central no actúe, la conselleira ha avanzado que armadores y administración autonómica buscarán «los fundamentos en los que basar los recursos a presentar». En todo caso, ha explicado que las comunidades autónomas «no son órganos legítimos» para poder presentar este recurso, ya que no sería sencillo «acreditar el impacto directo que tiene sobre la comunidad», mientras que «sí tiene un impacto directo para el Estado y para los propios armadores».

Cuestionada sobre si ve posible una suspensión cautelar antes del 9 de octubre, cuando entraría en vigor, la titular de Mar ha reconocido que depende de «la voluntad que tenga el comisario», aunque «con la respuesta social que está teniendo» ha apelado también a la necesidad de que los tribunales sean «conscientes» del impacto que tendría el veto en una «actividad económica fundamental para la producción de alimentos de calidad».

«En un momento en el que tanto hablamos del cambio climático, no se puede olvidar que la obtención de proteína marina tiene una baja huella de carbono y nula huella hídrica al tiempo que estamos ante un sector que ha acreditado que trabaja ajustado a las normas establecidas en el ámbito de la Unión Europea», ha reivindicado.

Asimismo, ha avanzado que el próximo viernes está prevista una reunión en Cantabria de todas las Comunidades Autónomas del Cantábrico y Andalucía, que también se ve afectada en el caladero del Golfo de Cádiz.

«RENUNCIA A LA SOBERANÍA ALIMENTARIA»

Por su parte, el presidente de los Armadores de Vigo (ARVI), Javier Touza, ha asegurado que la decisión de la Unión Europea es «una manifestación clara de renuncia a la soberanía alimentaria».

En una entrevista en RNE Galicia recogida por Europa Press, Touza ha argumentado que los mayores productores de Europa están afectados por estas restricciones, por lo que «se va a depender cada vez más de importaciones de países terceros» que, ha añadido, «muchas veces no cumplen con los estándares de protección medioambiental o de sostenibilidad».

Además, ha afirmado que «puede producirse un importante desabastecimiento de mercado», no solo de productos como la merluza, sino también de otras especies. «El impacto para lonjas como Burela, Celeiro, Vigo o Ribeira va a ser enorme», ha lamentado.

Así, ha explicado que el veto a la pesca de fondo afectará a unos 200 barcos gallegos, pero, además de la tripulación, Touza ha explicado que también se debe valorar que, «por cada tripulante, el impacto son cinco puestos de trabajo en tierra».

Con todo, Touza espera conseguir «los efectos suspensivos»: «Si tenemos que aguardar a la resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea pueden tardarse años y, aunque resuelvan a nuestro favor, a lo mejor ya no existe flota».