El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha ofrecido de nuevo su mano tendida para abordar con el Gobierno la transferencia de la gestión de la costa o, al menos, que «deje hacer» la ley de ordenación del litoral que este jueves anunció tras el Consello y que ya ha comenzado –por periodo de un mes– el trámite de consulta pública.

De hecho, la posibilidad de aportar sugerencias o comentarios a esta normativa que nace con la intención de regular la gestión del litoral en Galicia ya está abierto en el portal de transparencia del Gobierno gallego, paso previo a la elaboración de la norma. La ley, que sustentaría en los informes jurídicos –incluido el del Consello Consultivo– que afirman que Galicia ya tiene de facto las competencias de gestión del litoral en su carta estatuaria, tiene una vertiente «económica, ambiental y social».

«Somos conscientes de que hay que preservar el litoral», ha manifestado Rueda en declaraciones a los medios en una visita en la comarca de O Salnés, en la que ha recordado que Galicia es la comunidad con más kilómetros de costa de todo el Estado y, por tanto, «sabe la riqueza que supone» el litoral.

Rueda, que ha destacado la buena acogida del sector mar-industria para la elaboración de la norma –y de la «oposición», añadió–, afirmó que «no son de recibo las medidas que se están empezando a implantar» conforme al reglamento de costas, para el que el Gobierno gallego anunció un recurso que seguirá igualmente adelante al margen de la normativa anunciada.

El presidente de la Xunta se ha quejado de que este reglamento pretende «barrer todo lo que hay en el litoral» y trata igual la costa levantina que la gallega, sin tener en cuenta las características de cada una. «Miles de puestos de trabajo y de industrias se verían condenadas a desaparecer», ha enfatizado el mandatario gallego.

Asimismo, el máximo mandatario gallego ha lamentado que él mismo entregó al presidente el informe del Consultivo en el que se reconoce esta competencia, que el Ejecutivo central se ha negado a transferir sin una modificación del Estatuto previa, como han hecho otras comunidades. «No tenemos respuesta», ha reprochado el dirigente gallego.

El mandatario gallego ha manifestado que la Xunta «da este paso» pero mantiene «la mano tendida». «No tengo ninguna intención de conflictividad ni de rédito político», ha asegurado Rueda, quien afirmó que su «obligación como presidente es preservar los intereses de Galicia en la costa y el litoral».

Por ello, ha confiado en que «puedan hablar» con el Ejecutivo central, o al menos, que «se respete la autonomía» de Galicia y se le «deje hacer una ley para el cuidado» de la costa propia.

«VA POR LIBRE EL GOBIERNO»

«Aquí el que va por libre es el Gobierno de España, que no respeta el Estatuto», ha lamentado, por su parte, la secretaria general del PP gallego, Paula Prado, sobre esta cuestión. Así, ha recordado que llevan «bastante tiempo» pidiendo que se les «escuche» a la Xunta y las «necesidades de las empresas» instaladas en el litoral.

Prado ha invitado a «dar un paseo» por la costa gallega para observar la actividad que se genera en torno a ella y ha lamentado la «lejanía» del Gobierno central, «no solo la física» legislando «en la Castellana», sino para «Ribeira», sino «lejanía ideológica» al respecto de las necesidades.

«El Gobierno de España está perjudicando (a Galicia) por mera ideología», ha aseverado Prado, quien ha concluido que este es un ejemplo del «maltrato a Galicia» y de que se «tiene que gestioinar desde Galicia y no desde la Castellana».

OBJETIVOS DE LA LEY

Tras el periodo de consulta pública, el borrador de la futura ley se debe someter a aprobación del Consello (aprobación del anteproyecto de ley), el cual se convierte en proyecto legislativo una vez comience su tramitación parlamentaria. Solo cuando esté aprobado el texto podrá ser recurrido ante el Constitucional.

La legislación que propone el Gobierno autonómico, que pretende dar solución a «proyectos estratégicos» con inseguridad jurídica, tendrá una perspectiva «económica, ambiental y social» y servirá para «concretar la franja costera» sobre la que Galicia «tiene competencia», «establecer usos que puede albergar, identificar actividades estratégicas y ordenar el desarrollo», junto con «establecer criterios para nuevas concesiones en el litoral» y «simplificar trámites administrativos» para permisos de actividad en el litoral.