Sindicatos critican que la Consellería de Facenda publique este lunes en el Diario Oficial de Galicia (DOG) un decreto sobre movilidad de personal funcionario de carrera de la administración general gallega y de las entidades públicas instrumentales que llevaba «paralizado» desde el año 2019.
Así lo señalan portavoces de CIG y CC.OO. en declaraciones a Europa Press. En su día hubo negociación, apunta, pero el texto fue rechazado por las centrales que conformaban la mesa –también estaban UGT y CSIF–.
En este sentido, Alexandre Prieto, desde la central nacionalista, explica que el decreto regula una cuestión relacionada a jefes de servicio y jefes de sección (parte de estos colectivos) por la cual serán nombrados en un concurso específico, «que incluye una entrevista», lo que, según advierte, abre la puerta a «la subjetividad» y a «la dependencia de los superiores», ya que «te nombran durante cinco años».
Sin embargo, añade, «deja sin regular una cuestión como las comisiones de servicio, que sirve para el enchufismo».
«EN UN CAJÓN»
En cuanto a CC.OO., Juanjo Rodríguez subraya la «sorpresa» de un decreto publicado «casi con alevosía», teniendo en cuenta que las alegaciones realizadas por la organización «son de septiembre de 2018». «Quedó parado en un cajón y no llegó hasta ahora», llama la atención.
Los sindicatos se encuentran por eso examinando el texto de forma pormenorizada, y avanzan que trasladarán su parecer al departamento autonómico.
«Pero es más de lo mismo», adelanta Rodríguez, sobre un decreto que «no viene a modificar lo que la ley de empleo de 2015 establece» y «no entra a regular las comisiones de servicio» como reclaman las centrales, para «que no sean una adjudicación de un puesto a dedo», más allá de establecer «que habrá que hacer una propuesta motivada».
En lo referente al concurso específico para jefaturas de servicio, «uno de los puntos más polémico es que teniendo en cuenta que se daban con discrecionalidad», el hecho de que ahora se dé «un 20% de la puntuación a haber desempeñado» ese puesto implica, en su opinión, un «privilegio a esas personas». Y «tampoco se entra a regular el concurso abierto», agrega.
