La Comisión Europea (CE) ha ratificado que se prosigue con el procedimiento de infracción contra España por el incumplimiento de seguridad ferroviaria a raíz del accidente de tren en Angrois de 2013 –en el que fallecieron 80 personas en Santiago–, de modo que «no se cerrará a menos que las autoridades españolas aborden de manera eficaz las cuestiones planteadas, y solo después de que la Agencia Ferroviaria Europea haya verificado que los avances notificados por España son reales». De tal forma, «este proceso no concluirá antes del fin de 2022».

Así lo ha notificado en un escrito el director de la Dirección General de Movilidad y Transporte de la Comisión Europea, Kristian Schmidt, en respuesta a la Plataforma de Víctimas Alvia 04155, después de la reunión mantenida el pasado 13 de julio con una representación encabezada por el portavoz de la plataforma, Jesús Domínguez, que acudió con la portavoz del BNG en Europa, Ana Miranda.

No obstante, la Comisión Europea informa de que archivará la denuncia en relación a un caso individual de aplicación incorrecta del derecho de la UE, ya que considera que, «por lo que respecta a futuras investigaciones, las medidas de 2016 han corregido el asunto». Sobre esta decisión, otorga un plazo de cuatro semanas a las víctimas para presentar alegaciones.

Y es que la CE mantiene que «las autoridades españolas no han llevado a cabo una investigación totalmente independiente de dicho accidente». «No obstante, hay que tener en cuenta que, desde la introducción en 2016 de nueva legislación y medidas administrativas para reforzar la independencia, los recursos y las competencias del organismo de investigación español, la CIAF, este organismo es plenamente independiente. Como organismo independiente, la CIAF no tiene obligación de reabrir la investigación, a menos que así lo ordene un órgano judicial español», expone Schmidt.

A esto agrega que existe «un asunto en curso ante un órgano judicial español, y todos los elementos pertinentes del asunto, incluido el informe de la Agencia, pueden ponerse a disposición del juez nacional previa solicitud».

Recientemente, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid estimó parcialmente el recurso contencioso administrativo presentado por la Plataforma de Víctimas Alvia 04155 y ordenó a la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) que se reúna para analizar y dar respuesta a la solicitud de una nueva investigación sobre el siniestro en el que fallecieron 80 personas.

AUDITORÍA

En la reunión mantenida en julio, la plataforma de víctimas del Alvia 04155 señalaba que por parte de la Comisión Europea se les informó de que habría una auditoría antes de final de año sobre el procedimiento de infracción abierto contra España por el incumplimiento de la normativa europea de seguridad ferroviaria, un expediente que esta asociación vincula a la falta de investigación sobre el accidente de tren de Angrois, en el que fallecieron 80 personas.

En 2019, la Comisión Europea abrió un expediente sancionador contra España al considerar que sus procedimientos de control de la seguridad ferroviaria «no cumplen los requisitos» que exige la normativa comunitaria.