La Xunta de Galicia y el Observatorio do Litorial coinciden en que existe «base jurídica suficiente» para interponer un recurso contra la reforma del Reglamento de Costas, tal como se ha puesto de manifiesto este lunes en la reunión que mantuvieron la secretaria xeral técnica de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, Carmen Bouso, y el director xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica, Antonio Basanta, con representantes de la entidad.

Tras recibir el aval de este reconocido grupo de investigación dependiente de la Universidade de A Coruña, especializado en el estudio y análisis de cuestiones jurídicas relativas al litoral, los servicios jurídicos del Gobierno gallego estudiarán la posibilidad de recurrir una norma que supone un «ataque directo» contra el sector mar-industria y contra aquellos titulares de viviendas en el litoral gallego, además de que pone en riesgo edificaciones como centros de salud y colegios, según recoge el Ejecutivo autonómico en un comunicado.

Asimismo, la Xunta ha lamentado que tanto el Consejo de Estado como el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico rechazasen remitir a la Comunidad el dictamen preceptivo sobre esta modificación reglamentaria, en su condición de interesada.

«Esta nueva normativa limita las cesiones para las industrias del mar a 30 años, impide que haya viviendas en el litoral y abre la vía para modificar los límites del dominio público marítimo-terrestre de una forma totalmente arbitraria», ha criticado el Gobierno gallego.

Para la Xunta, lo que busca el Ejecutivo central con esta norma es expulsar de la costa toda presencia de actividad social y económica «sin justificación técnica alguna», al igual que con la Ley de Cambio Climático y con el Plan estratégico del litoral.