El Tribunal Supremo decidirá el 4 de octubre sobre el primer recurso de casación contra las sentencias de la Audiencia Nacional que declararon la nulidad de la prórroga por 60 años –hasta 2073– de la concesión de la fábrica de Ence en Pontevedra.
De ello informa Ence en una comunicación a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) realizada este martes.
En julio de 2021, la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional estimó los recursos que Greenpeace y el Ayuntamiento de Pontevedra presentaron contra la decisión del Gobierno central del popular Mariano Rajoy, que estaba en funciones, por la que se acordó esa prórroga.
El 23 de febrero y el 23 de marzo de 2022, el Tribunal Supremo admitió a trámite sendos recursos de casación presentados por Ence y otras entidades en contra de las sentencias de la Audiencia Nacional por la que se declaraba la nulidad de la prórroga de la concesión de dominio público marítimo terrestre sobre la que se asienta la fábrica de Pontevedra, en el procedimiento iniciado a instancias de Greenpeace y del Ayuntamiento de Pontevedra, respectivamente.
El 30 de marzo, el Tribunal Supremo decidió suspender la decisión sobre la admisión del tercer recurso de casación interpuesto Ence contra la sentencia de la Audiencia Nacional en el procedimiento iniciado por la Asociación pola Defensa da Ría de Pontevedra (APDR) hasta haber dictado sentencia en los dos primeros recursos.
De tal forma, el 12 de julio de 2022 el Tribunal Supremo notificó a las partes que la fecha prevista para la votación y fallo sobre el primer recurso será el 4 de octubre de este año. Se prevé que la sentencia se haga pública durante el último trimestre del ejercicio.
En las sentencias, la Audiencia Nacional consideraba que la resolución –de 20 de enero de 2016– de la directora general de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, por delegación de la ministra, no justificaba, como exige la Ley de Costas, que la papelera, por su naturaleza, no pueda tener otra ubicación.
De hecho, la sala citaba otros casos –como las fábricas de celulosa BHK, las Torraspapel S.A en Zaragoza y Papelera Guipuzcoana de Zicuñaga S.A.– que se sitúan junto a ríos en los que evacúan el efluente, y también como la fábrica de Ence en Navia, que según los peritos es equiparable con la de Pontevedra, que se sitúa próxima, pero fuera del demanio costero.
PARADA POR LA SEQUÍA
En una jornada en la que Ence ha dado a conocer que eleva sus ganancias a 45 millones hasta junio y deja atrás los ‘números rojos’ del año pasado, la compañía también informa en su comunicación a la CNMV de la situación por la suspensión temporal –desde el 20 de julio– de la actividad de la fábrica debido al bajo caudal ecológico del río Lérez.
«Con la información de la que se dispone en estos momentos, no es posible determinar la duración de esta situación y el efecto que tendrá sobre la producción de la biofábrica», asegura la compañía asentada en Lourizán.
No obstante, estima que «la situación tendría que prolongarse durante más de un mes para que pudiera llegar a tener un impacto material en los resultados del ejercicio».
Así, una suspensión total de la actividad de la fábrica de Pontevedra durante 30 días tendría un impacto estimado en el ebitda de 2022 de 10 millones de euros. Cada mes adicional que se prolongase dicha suspensión, tendría un impacto de 12 millones de euros en el ejercicio, sostiene. «Estos importes se verían parcialmente mitigados durante 2023 por un menor consumo de madera de importación», agrega.
