La Xunta propondrá una reforma de la ley gallega de bienestar animal de modo que se identifique a los animales de compañía que aparezcan muertos en la vía pública y se notifique a sus dueños.

Así lo ha anunciado este martes la conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, Ángeles Vázquez, durante una visita realizada a la protectora Gatocan, en Coirós (A Coruña).

Desde allí, ha incidido en que el objetivo de este cambio es «reforzar» la ley autonómica de protección y bienestar animal, aprobada en 2017, para comprobar la identificación de las mascotas que aparezcan fallecidas en la calle a través de la lectura del microchip. La modificación normativa, tal y como ha detallado Vázquez, se hará a través de la ley de acompañamiento a los presupuestos de la Xunta para 2023.

Así, se comunicará la muerte de un animal a sus propietarios, quienes tendrán «la obligación» de hacerse cargo de la gestión y tratamiento de sus restos, según ha advertido la conselleira: «De manera que ellos le den esa despedida adecuada que todos queremos para el que consideramos nuestra familia».

A mayores, la reforma facilitará que los dueños puedan comunicar al registra la baja de la mascota y permitirá avanzar en la investigación de posibles robos.

La Xunta destaca que, con esta decisión, «se hace eco» de una «demanda» reivindicación de asociaciones protectoras de animales de compañía, que, como la que ha visitado este jueves, llevan incidiendo en la importancia del creciente vínculo que existe entre las mascotas y sus dueños.

AYUDAS A PROTECTORAS Y AYUNTAMIENTOS

Además, desde las instalaciones de Gatocan, la conselleira de Medio Ambiente ha recordado que este año se convocaron ayudas por importe de 400.000 euros para apoyar a ayuntamientos y asociaciones protectoras en el cuidado y atención de los animales domésticos abandonados.

En el caso de las entidades locales, las subvenciones, que cuentan con un presupuesto de 230.000 euros, se destinan a gastos de esterilización, vacunación, identificación, registro de los ejemplares y compra de alimento.

En lo que respeta a las asociaciones protectoras, la financiación de 220.000 euros cubre los mismos gastos que en las administraciones locales y, además, se puede destinar a campañas de sensibilización y compra de material, equipación no fungible, ‘software’ y dispositivos electrónicos.