La nueva ley de planes de pensiones de empleo, enviada al Senado y cuya entrada en vigor se espera en próximos meses, prohibirá la inversión de los fondos de pensiones de promoción pública en empresas que tengan sede u operen en paraísos fiscales.

Esta es una de las modificaciones incluidas en el proyecto de ley durante su tramitación en el Congreso, que finalizó este jueves al ser aprobado por el Pleno de la Cámara Baja con votos del PSOE, Unidas Podemos, Ciudadanos y PNV. El PP, Vox y Esquerra Republicana votaron en contra y EH-Bildu se abstuvo.

La modificación se introdujo con la aprobación en comisión de dos enmiendas transaccionales del PSOE y Unidas Podemos a partir de dos enmiendas de Más País-Equo, a las que ha tenido acceso Europa Press.

Estas propuestas vienen a modificar los artículos que regulan el régimen de inversiones de los fondos de pensiones de empleo de promoción pública abiertos –aquellos promovidos por el Ministerio de Inclusión– y también el proceso de selección de las entidades gestoras.

Para este último, a la hora de detallar una propuesta de política de inversión para cada fondo que se pretenda gestionar, se deberán ofrecer garantías de excluir de la inversión a empresas que operan o tienen sede en paraísos fiscales.

Según estas enmiendas, también quedan excluidas de las inversiones las empresas que hayan cometido delitos medioambientales o laborales en un plazo de tiempo. La propuesta inicialmente aprobada establecía un plazo de cinco años que, posteriormente, fue modificado en la tramitación de la norma en el Pleno.

Y es que el Pleno de la Cámara Baja aprobó otra enmienda transaccional, esta pactada con Más País-Equo, para ampliar el alcance del veto y excluir del régimen de inversiones a empresas condenas por este tipo de delitos en los últimos diez años.