La presidenta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), Cani Fernández Vicién, ha detallado que el organismo que dirige realizó entre 2014 y 2022 un total de 103 informes en los que se detectan problemas de restricciones a la competencia originados por administraciones locales.

Así lo ha señalado este miércoles durante su participación en Santiago de Compostela en la jornada ‘Municipios y competencia. Prórroga de las concesiones’, organizada por la CNMC y la Comisión Galega da Competencia (CGC) en la Facultad de Derecho de la USC y en la que representantes de la administración y otros agentes implicados debaten sobre los retos de las prórrogas de concesiones para la competencia y la regulación.

En el arranque de las jornadas, al que ha acudido el conselleiro de Economía, Industria e Innovación, Francisco Conde, Cani Fernández ha señalado que, en este mismo periodo, la CNMC interpuso 61 recursos contenciosos administrativos en los tribunales para resolver esos obstáculos por la vía de la anulación de posibles actos regulatorios desproporcionados. De ellos, un 44% se referían a actuaciones municipales.

Cani Fernández también ha detallado los ámbitos sectoriales en los que se han centrado las actuaciones. Así, ha precisado que tienen que ver con «las reservas en la presentación de servicios profesionales, como reservar a un ingeniero técnico a algo que un ingeniero industrial también puede hacer, y por lo tanto, reducir la competencia».

Asimismo, se refieren a «obstáculos en el despliegue de redes de telecomunicaciones», un asunto que considera que tendrá un mayor impacto cuando se lleve a cabo el despliegue del 5; así como las restricciones en la prestación de diversos servicios municipales, como el transporte urbano, la provisión de agua o los servicios funerarios; además de las restricciones presentes en la contratación pública, como pueden ser las prórrogas de las concesiones.

En este contexto, la presidenta de la CNMC ha explicado que el proyecto ‘Municipios y competencia’ busca identificar las barreras más comunes a la actividad económica y conocer los problemas que estas generan a la actividad de las empresas y sobre los consumidores y usuarios; conocer los objetivos públicos perseguidos por los municipios cuando realizan estas intervenciones y entender bien las dificultades con las se encuentran para evitar estas barreras; así como identificar ejemplos de intervenciones públicas que hayan minimizado su impacto negativo sobre la competencia y puedan, por tanto, utilizarse como referencia para otros municipios.

Además, ha explicado que la primera historia de este proyecto, gestada entre octubre de 2021 y febrero de 2022, fue impulsada por la autoridad catalana de la competencia y tuvo como temática las restricciones a la competencia en la regulación de la movilidad urbana compartida, especialmente centrada en la micromovilidad.

PRÓRROGA DE CONCESIONES DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES

Tras ello, ha indicado que ahora se presenta la segunda historia liderada por la Comisión Galega de la Competencia, que aborda la prórroga de las concesiones de servicios públicos municipales, un aspecto que, según ha indicado, tiene «importantísimas consecuencias» para la competencia efectiva de los mercados al producir en ocasiones cierres de mercado, posible concentración de operadores y retrasando la integración de estas concesiones mejoras de innovación o tecnológicas.

«La incorrecta utilización de las prorrogas de concesiones es un tema de especial interés para autoridades de competencia y en concreto para CNMC», ha explicado Cani Fernández, que ha destacado que el organismo que dirige llevó actuaciones al respecto sobre asuntos como las prórrogas de las concesiones interurbanas de transportes de viajeros en autobús de titularidad autonómica.

También realizó informes sobre el transporte urbano local tanto en A Coruña como en Cádiz en el 2018; actuaciones en materia de legitimación activa impugnando actuaciones que constituyen barreras, motivo por el que desde el 2018 se impugnaron prórrogas de concesiones de autobuses interurbanos en Valencia y en Galicia. «El Tribunal Supremo en el 2016, tras diversos hitos, resolvió definitivamente a favor de la CNMC declarando nulos dichos actos», ha apuntado.