Dos nuevos fallos judiciales han vuelto a reconocer el derecho del personal de la empresa pública Seaga a cobrar indemnizaciones de 20 días por año trabajado por la extinción de su vinculación laboral después de que el servicio de extinción de incendios fuese asumida directamente por la Consellería do Medio Rural.

Las sentencias, emitidas el pasado 25 de mayo por el juzgado de lo Social número 1 de Santiago y contra las que cabe recurso de suplicación ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, se suman a otras en la misma línea en el reconocimiento al derecho a percibir indemnizaciones a los empleados de Seaga que no fueron subrogados.

Los fallos, difundidos este jueves por el sindicato CIG, dan la razón a 44 trabajadores de la empresa pública, que reclamaban el derecho a cobrar indemnización por la rescisión de sus relaciones laborales en el año 2019 por la modificación sustancial de las condiciones de trabajo.

Ese año, la Xunta decidió anular el encargo del servicio de extinción de incendios forestales a la emrpesa pública para asumir directamente los trabajos pero sin subrogar al personal que, hasta el momento, llevaba a cabo estas tareas.

Esto, según resalta la CIG y reconocen los fallos judiciales, hizo que los trabajadores de Seaga perdiese los derechos adquiridos en la empresa a efectos de antigüedad e indefinición del contrato, pese a que sí se llegó a reconocer el tiempo trabajado a la hora de puntuar en las listas de relevo para las llamadas a cubrir las plantillas del servicio de extinción.

«Las trabajadoras y trabajadores pagaron con la pérdida de sus derechos adquiridos la decisión de la consellaría de rescindir el encargo a Seaga y además la empresa, que debería haber realizado un ERE extintivo por la pérdida del encargo y abonarle al personal 20 días de sueldo por año trabajado, ahorra esas cantidades», señala la CIG en un comunicado en el que califica de «negocio redondo» la operación de la Xunta con el servicio de incendios.

Por último, la central nacionalista ha acusado a Seaga de agotar los recursos y llegar al Tribunal Supremo para «retrasar el pago» lo que tachan de «actitud temeraria que perjudica a unas trabajadoras que hacen su trabajo, arriesgan su integridad física defendiendo los montes y ven como los dirigentes políticos de la administración para la que trabajan maquinan para negarles sus derechos laborales y salariales».