La plataforma gallega ‘Galicia Baleira’ demanda una fiscalidad diferenciada de forma «urgente y clara», algo que consideran «vital» para que empresas y ciudadanos particulares opten por instalarse en zonas despobladas.

El colectivo denuncia la «sangría demográfica» que se registra en las provincias de Lugo y Ourense y detallan que la provincia de Lugo ha perdido «más de 2.000 habitantes en un año» y Ourense «más de 1.500».

Con estas cifras encima de la mesa, critican que ambas provincias «no son tenidas en cuenta» en los planes nacionales de fiscalidad reducida o adaptada por la clase política que, censura, «continúa obviando o considerándolo un problema menor a pesar de la gravedad actual y futura que representa».

Así, demandan ayudas fiscales a los productores, pequeñas y medianas empresas ubicadas en las zonas rurales, bonificar un 20% los costes laborales –salario del trabajador y las cotizaciones a la Seguridad Social–, deducciones en el IRPF tanto a nivel estatal como a nivel autonómico y rebajar el IVA a los productos del sector primario.

Además, piden también una rebaja del IBI en las viviendas, impuestos de transmisiones tendentes a cero, reducción de tarifas para actos jurídicos documentados, ayudas para trabajadores autónomos o empleados por cuenta ajena que inicien una actividad en las áreas rurales, ayudas para alquileres, compra y rehabilitación de viviendas, fomentar las instalaciones para autoconsumo energético y habilitar redes de transporte para dar salida a la producción agrícola y ganadera del rural.

PLAN 100/30/30

Por otra parte, reclaman que se instaure en el territorio una red de conexión a Internet mínima de 100 Mbps y crear, como solicitan otras provincias, un acceso adecuado a servicios básicos a los que no deben de superarse los 30 kilómetros o 30 minutos para llegar a una vía de alta capacidad –dentro de lo que se denomina Plan 100/30/30–.

En concreto, detallan que dentro de esos servicios básicos se contempla el acceso a Centros de Salud, institutos, cuarteles de la Guardia Civil, Ayuntamientos y otras administraciones, oficinas financieras, centros formativos para el sector agropecuario y la agricultura ecológica.

En esta misma línea, argumentan que si la Comisión de la Unión Europea otorgó «una fiscalidad diferenciada a Finlandia, Suecia y Noruega y si Soria, Teruel y Cuenca han llevado esto conjuntamente con sus gobiernos autonómicos a Bruselas», entienden que la Xunta de Galicia tiene que «mojarse a fondo» en estos aspectos y «no dejar de lado» el rural.

En este sentido, critican que la administración autonómica «solo haya dado pasos» en la deducción del impuesto de transmisiones por la compra de inmuebles o en el impuesto de actos jurídicos de las escrituras de inmuebles nuevos para el desarrollo de una actividad económica.

Asimismo, en una nota de prensa, la plataforma recoge el documento presentado por plataformas y organizaciones de doce comunidades en la Cámara baja, donde el diputado de Teruel Existe, Tomás Guitarte, apuntó que es «de justicia» aplicar una fiscalidad diferenciada a estos territorios porque «si el estado no da los mismos servicios, es justo que no paguen los mismos impuestos».