La Xunta emprenderá desde este miércoles al menos 1.450 controles en empresas previstos hasta el 31 de marzo de 2023, tal y como consta en su plan de inspección en materia de seguridad industrial para el año 2022 que publica este martes el Diario Oficial de Galicia (DOG).
De acuerdo con esta orden, firmada por el vicepresidente segundo y conselleiro de Economía, Emprego e Innovación, Francisco Conde, las inspecciones tendrán por objeto comprobar «la adecuación de la puesta en funcionamiento y las condiciones de servicio» de establecimientos, instalaciones, actividades y productos.
El plan estará compuesto por cuatro programas. El primero, dirigido a aquellas entidades sometidas a reglamentos de seguridad industrial, incluye instalaciones eléctricas de baja tensión (250 inspecciones), las de alta tensión y los centros de transformación particulares (100) y aquellas asociadas al autoconsumo (150 controles en las de menos de 10 kilovatios de potencia y 100 en las de igual o más de 10 kilovatios).
Este primer apartado también pondrá el foco en ascensores (150), estaciones de servicio en régimen atendido (100), instalaciones con equipos a presión (100), las frigoríficas (50), las de almacenamiento de productos químicos (50) y las de seguridad contra incendios en establecimientos industriales (50).
El segundo programa del plan estará destinado a empresas instaladoras o mantenedoras de la seguridad y se analizarán 200 declaraciones responsables.
En el tercer apartado, dedicado a accidentes graves en la industria, no se establece un número de inspecciones porque abarcarán a «todos los afectados» con anterioridad a este miércoles, día en el que entrará el plan.
El cuarto y último programa estará dedicado a la vigilancia de mercado, focalizada en los áridos. En este punto, se prevé un total de 50 controles.
LAS REPARTEN LAS JEFATURAS TERRITORIALES
El listado de entidades que serán objeto de este plan será elaborado por las jefaturas territoriales de la Consellería de Economía. A excepción del programa centrado en los accidentes graves –porque abarca todos los que se hayan producido–, la orden establece que las operaciones restantes se distribuyan en un 30 por ciento para las provincias de A Coruña y Pontevedra, respectivamente, y un 20 para las de Lugo y Ourense.
Cada jefatura territorial tendrá que remitir antes del 30 de abril de 2023 –un mes después de que concluyan las inspecciones– un informe en el que conste el número de controles desarrollados y la resolución de los informes, tanto favorables como desfavorables. En este último caso, se concretará qué empresas subsanaron las deficiencias detectadas y cuáles todavía no lo han hecho.
La orden publicados este martes en el DOG también recuerda que los titulares de las instalaciones sometidas a este plan «están obligados a permitir y facilitar» las comprobaciones que el personal debidamente acreditado realice, así como a presentar cualquier información o documentación que le requiera.
SOLICITUD DE ALUMINIOS CORTIZO
Por otra parte, Aluminios Cortizo ha solicitado a la Xunta ampliar en casi un 40 por ciento el caudal máximo de los vertidos de su fábrica situada en Extramundi, en Padrón (A Coruña), así como un cambio de localización del punto de emisión para que este se traslade del arroyo Meixos al río Sar.
Así consta en un anuncio que publica este martes el DOG, por el cual la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda somete a información pública el estudio de impacto ambiental y las modificaciones de la autorización del vertido otorgada a la compañía.
Según el texto del DOG, la solicitud de la ampliación de los vertidos máximos de la planta en un 38,9 por ciento, así como su cambio de localización, responde a la instalación de una nueva línea de lacado del aluminio y a la introducción de una nueva etapa de tratamiento del material.
Así, a partir de este miércoles y durante 30 días hábiles, el estudio de impacto medioambiental y la solicitud de Aluminios Cortizo quedarán expuestos para que cualquier interesado pueda consultarlos y presentar alegaciones, sugerencias y observaciones que estime convenientes.
Se trata de un trámite previo a que la Consellería analice esta petición de la compañía, de modo que, una vez recogidos «informes, valoraciones y consideraciones» tras este proceso, se emitirá un informe medioambiental, según explican a Europa Press fuentes de este departamento. Sobre los vertidos, será Augas de Galicia –dependiente de la Consellería de Infraestruturas e Mobilidade– la encargada de pronunciarse y velar por el cumplimiento de la normativa.
