El vicepresidente segundo del Gobierno gallego, Francisco Conde, ha cargado contra el Gobierno por su gestión de los fondos europeos, que considera «centralista», «lenta» y «falta de transparencia», lo que «pone en riesgo» su ejecución.

Así se ha manifestado el responable del área económica de la Xunta en declaraciones a los medios en Madrid antes de participar en la Comisión General de las Comunidades Autónomas del Senado.

El encuentro, del que se han ausentado todos los presidentes autonómicos, ha servido para abordar los fondos europeos con la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño.

Antes de su celebración, Francisco Conde ha criticado al Ejecutivo central por su gestión de los fondos, en los que pide una mayor participación de las comunidades autónomas y del «tejido productivo».

Para el ‘número tres’ de la Xunta, el Gobierno «pone en riesgo» la ejecución de estos fondos porque los gestiona de forma «centralista», «falta de transparencia» y «lenta».

Como ejemplo de esto, Conde ha señalado que «apenas un 14%» de los 33.000 millones que configuran estos fondos han sido publicados en el Boletín Oficial del Estado.

Todo esto, ha continuado, provoca una situación de «incertidumbre» en las empresas, en las que hay dudas sobre «cómo acceder a estos fondos y poner en marcha los proyectos».

Francisco Conde ha advertido que existe «un riesgo real» de que Stellantis «se quede fuera de las ayudas» porque carece de «una respuesta clara» por parte de la Administración estatal sobre su acceso a estas partidas extraordinarias.

También se ha referido a la «incertidumbre» sobre el proyecto de la compañía Altri de instalar una fábrica de fibras textiles en Palas de Rei (Lugo). «No sabemos cuáles son las convocatorias para obtener estos fondos», ha aseverado.

«La centralización es un obstáculo para que haya agilidad», ha añadido Francisco Conde, antes de incidir en que el Gobierno «se reserva al 100% de los fondos para desarrollar proyectos industriales» cuando estas competencias están en manos de las autonomías, a las que no se dota de «capacidad» para gestionar las partidas extraordinarias que vienen de Europa.