El exalcalde de la pedanía viguesa de Bembrive, Roberto Ballesteros, volverá a sentarse en el banquillo de los acusados como presunto autor de un delito de prevaricación administrataiva, por la aprobación de un reconocimiento extrajudicial de crédito para pagar casi 800.000 euros en facturas correspondientes a obras y servicios contratados ‘a dedo’, y por lo que se pide para él 12 años de inhabilitación.

Ballesteros será juzgado el martes en la sección quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, si bien es posible que la vista no llegue a celebrarse porque está previsto un acuerdo de conformidad.

Los hechos a los que se refiere este procedimiento sucedieron entre 2013 y 2016, cuando el entonces alcalde pedáneo contrató «de forma directa y verbal» la realización de numerosas obras y servicios, entre ellas la retirada de un vertido cerca de un campo de fútbol, o la construcción de un ‘skate park’ en esta parroquia de la ciudad olívica.

Todas estas contrataciones se hicieron ‘a dedo’, a las empresas que el alcalde consideró oportuno, y sin que se incoasen los correspondientes expedientes de contratación, ni se pidiesen informes al interventor municipal. La Fiscalía sostiene que Roberto Ballesteros era consciente de las irregularidades y de que no había crédito suficiente para pagar las obras y servicios que estaba contratando.

Así, el acusado preveía que la pedanía afrontase a esos gastos con un reconocimiento extrajudicial de crédito con cargo a remanentes (Bembrive tenía fondos procedentes de ingresos por unas expropiaciones realizadas años antes, algo de lo que Ballesteros era conocedor).

La Fiscalía considera al exalcalde pedáneo autor de un delito de prevaricación administrativa, y pide que sea inhabilitado durante 12 años.

CONDENAS ANTERIORES

Ballesteros fue elegido alcalde pedáneo por el PSOE en 2011 y dimitió en 2021, poco después de que el Tribunal Supremo confirmase una condena por prevaricación, al haber suspendido de forma irregular las retribuciones de los vocales del PP en el entidad local menor, en 2013.

En esa ocasión, la pena que se le impuso fue de 7 años de inhabilitación, y el tribunal penal consideró que Ballesteros había tomado la decisión «a sabiendas de su injusticia y no obstante ser apercibido por el secretario-interventor de la ausencia de legalidad en su resolución».

En 2021 fue condenado por segunda vez, en ese caso por la Audiencia Provincial, como autor de un delito de falsedad, en concurso medial con uno de malversación, y un delito de prevaricación, por haber propiciado el pago de una obra que no se llegó a ejecutar. La pena fue entonces de 2 años y dos meses de prisión y 7 años de inhabilitación, y también fue condenado un constructor como cooperador necesario.

Antes de todo eso, el exalcalde pedáneo estuvo envuelto en otra polémica, ya que fue denunciado en 2011 por una excompañera socialista. La denunciante sostenía que Ballesteros cobraba comisiones a cambio de favores en el Ayuntamiento de Vigo (además de alcalde pedáneo, era funcionario en el consistorio olívico).

Los juzgados abrieron diligencias, pero la causa se acabó archivando por falta de pruebas, y, aunque incluso se puso en marcha una comisión de investigación en el propio Ayuntamiento, ésta también concluyó sin ningún tipo de medida sancionadora.