Representantes de los sindicatos CIG, CC.OO. y UGT han anunciado este viernes que recurrirán los servicios mínimos «abusivos» dictados por la Xunta para la huelga en las residencias privadas de la tercera edad de Galicia, donde, han clamado, se está produciendo un «genocidio laboral».

Según ha explicado en rueda de prensa la representante de la CIG, Transi Fernández, a Xunta ha impuesto para esta huelga unos servicios mínimos «absolutamente abusivos» que, en la práctica, son «del 100 por cien de los trabajadores» y que, por tanto, «vulneran el derecho a huelga» de este colectivo. Por eso, han avanzado, recurrirán ante los tribunales esta decisión.

Paralelamente, continuarán llevando por las ciudades gallegas sus protestas, en la medida de lo posible, con concentraciones ante los centros y actos como el que, la pasada noche, celebraron en Culleredo, portando velas. También están visitando todas las residencias privadas de Galicia, un total de 265, para informar a los trabajadores de la huelga y recoger firmas, 5.000 hasta el momento.

«No solo hay un Putin en Rusia, aquí también hay un Putin que nos impide ejercer nuestro derecho a la huelga», ha dicho Transi Fernández, mientras que Iria Estévez, de CC.OO., ha asegurado que estos servicios mínimos no les van a «tapar la boca». «Seguiremos saliendo a la calle para que la parte empresarial ponga los pies en la tierra y mire para el sector», ha añadido.

UN «GENOCIDIO LABORAL»

El representante de UGT, Eliseo Rivas, ha criticado que, mientras que al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, «se le llena la boca hablando de los trabajadores sociales y de su sacrificio durante la pandemia», permite que las empresas privadas estén llevando a cabo un «genocidio laboral», «machacando a los trabajadores con sueldos miserables».

Por ello, ha pedido la intercesión de la Xunta, como responsable última del servicio, para que «ponga firme a la patronal y que aborde un proceso de negociación con los trabajadores», ha dicho Rivas.

Entre las reclamaciones de los trabajadores está la negociación de un nuevo convenio colectivo, que reclaman desde hace más de dos años, así como la actualización de los salarios al 6,5% del IPC que, denuncian, las empresas gestoras han recibido por parte de las aportaciones de la Xunta y subiendo cuotas a los internos, pero que no han trasladado a los empleados.

Según ha contado Transi Fernández, en enero de este año, las empresas comunicaron a las familias de los usuarios «subidas de hasta 80 euros mensuales» a causa del IPC, que también ha tenido reflejo en las transferencias de la Xunta, pero no en los salarios. «Es repugnante, se está jugando con el dinero de los trabajadores y de los usuarios», ha dicho la representante de la CIG, que considera a la Xunta «cómplice» de estas «empresas mafiosas».

Esta circunstancia se agrava, ha apuntado, además, porque se trata de un sector representado al 90% por «mujeres precarizadas» y en el que consideran que, si hubiese una mayoría masculina, no se estarían produciendo estas situaciones.

Además de la cuestión salarial, los sindicalistas reclaman que se actualicen e incrementen las plantillas de personal, que mantienen una diferencia importante con respecto a las residencias públicas, lo que repercute en la calidad asistencial. En concreto, Iria Estévez ha apuntado que las diferencias de plantilla entre pública y privada rondan las 15 personas más en las gestionadas por la Xunta.

La situación laboral en las residencias privadas, destacan, se evidencia en cuestiones como la mortalidad «excesiva» registrada en las mismas durante la pandemia, muy elevada en comparación con las públicas, donde «apenas hubo».