El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado que el Gobierno gallego ha acordado en su reunión de este jueves interponer un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de cambio climático, al no lograr llegar a un acuerdo en el seno de la Comisión Bilateral con el Estado.
Feijóo, quien reiteradamente ha reprobado la actitud del Gobierno con Ence, ha lamentado tener que dar el paso ante la «discrecionalidad» de la norma y ha explicado que el recurso tiene como objetivo buscar una solución que «dé seguridad» jurídica a más de un centenar de empresas de la cadena mar-industria y a otras cerca de 3.000 edificaciones ubicadas en la línea de costa.
En el Boletín Oficial del Estado del 21 de mayo se publicó la Ley de cambio climático, con respecto a la que el Gobierno gallego mantiene discrepancias en relación con el artículo 20, que prevé la consideración del cambio climático en la planificación y gestión de la costa, así como en la gestión de los títulos de ocupación del dominio público marítimo-terrestre (DPMT).
Esto es algo que, según argumenta la Xunta, afecta la duración de las concesiones y de sus prórrogas en el DPMT, así como los requisitos para acceder a estas, provocando «una gran confusión normativa», sin permitir que sus destinatarios y los operadores jurídicos sepan la que atenerse.
DUDAS EN EL ÁMBITO DE LAS PRÓRROGAS EXTRAORDINARIAS
Esta regulación suscita «grandes dudas respecto del derecho vigente» en el ámbito de las prórrogas extraordinarias de que se trata, «vulnerando así la seguridad jurídica».
Supone limitar la duración máxima de las concesiones a 75 años, incluidas las prórrogas, que sólo se concederán «de ser posibles», es decir, «si el Estado las considera posibles» y con base a «criterios indeterminados», lo que «pone en riesgo la viabilidad de las empresas que diseñaron sus planes empresariales de acuerdo con los plazos anteriormente previstos».
Galicia, sostiene la Xunta, ha advertido desde 2019 de la «inseguridad jurídica» que genera para las compañías del complejo mar-industria las decisiones del Gobierno central, «primero impulsando la modificación del Reglamento general de costas y ahora con esta Ley de cambio climático, que será impugnada por el Gobierno gallego ante el Tribunal Constitucional al no haber acuerdo entre administraciones.
