Los grupos parlamentarios en el Senado han alcanzado un acuerdo para dar un plazo de tres meses al Gobierno para que legisle contra la exclusión financiera a las personas mayores. Así se recoge en una enmienda transaccional que modifica el proyecto de ley de protección de los consumidores y usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica.

El texto de la enmienda, al que ha tenido acceso Europa Press, transaccionado por todos los grupos sin Ciudadanos ni Vox, establece que «el Gobierno promoverá, en el plazo de tres meses siguientes a la aprobación desde la entrada en vigor de la ley, las modificaciones legislativas necesarias para garantizar la atención personalizada en los servicios de pagos a los consumidores y usuarios en situación de vulnerabilidad que lo demanden, sin discriminación motivada por ‘brecha digital'».

El texto acordado por la Cámara Alta, que modifica el texto remitido por el Congreso de los Diputados, se vota este mismo miércoles en el Senado y deberá volver después a la Cámara Baja para su aprobación definitiva.

«Tenemos en cuenta la situación de exclusión financiera que se personalizó en el lamento del pensionista Carlos San Juan, que nos hizo ver que las personas mayores no se sienten bien tratadas», ha apuntado la senadora del PSOE María Esther Carmona, este miércoles en el debate del proyecto de ley en el Pleno del Senado, refiriéndose a la campaña lanzada por este hombre de 78 años en Change.org, bajo el lema ‘Soy mayor, no idiota’.

El PP y Compromís habían presentado diferentes enmiendas para dar una respuesta a la exclusión financiera en la ley. El grupo popular proponía que las entidades bancarias garantizasen la atención presencial, sin discriminación motivada por la «brecha digital»; y Compromís, que se incluyese la «edad» como un factor de vulnerabilidad para dar respuesta a las reivindicaciones de las personas mayores.

El senador de Compromís Carles Mullet ha subrayado la necesidad de «introducir el componente de edad» porque hay «personas mayores que se sienten maltratadas ante algunas empresas como las entidades financieras».

Por su parte, el PP ha decidido mantener viva otra enmienda por la que pide que la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos y las entidades financieras bancarias, mediante convenios entre ambas, faciliten que las entidades bancarias presten sus servicios financieros a través de las oficinas de correos o Unidades Móviles Financieras en el medio rural donde no existen sucursales bancarias ni red de cajeros automáticos.

En este sentido, el grupo popular no ha aceptado otra enmienda transaccional alcanzada por PSOE y Compromís, relacionada también con la exclusión financiera, ya que los ‘populares’ consideran que no recoge su propuesta para evitar la exclusión financiera en el mundo rural.

UN AÑO PARA EL ETIQUETADO BRAILLE

A su paso por el Senado, los grupos también han introducido en el proyecto de ley de consumidores vulnerables la generalización del etiquetado de los productos en alfabeto braille, algo que hasta el momento solo es obligatorio para los medicamentos.

En concreto, el Pleno del Senado da un plazo de un año, desde la entrada en vigor de la ley, para «desarrollar reglamentariamente un etiquetado en alfabeto braille, así como en otros formatos que garanticen la accesibilidad universal».

Al debate en el Senado, este miércoles, han asistido miembros del Comité de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) y de la ONCE, que han introducido propuestas al texto a través de los grupos parlamentarios, para que se garantice la accesibilidad a los consumidores con discapacidad.