La exedil socialista de Ourense Áurea Soto que denunció al exregidor de la ciudad Manuel Cabezas y al exconcejal de urbanismo Ricardo Campo por un presunto delito de malversación y prevaricación en el conocido ‘caso del 10%’, recurrirá la absolución de los acusados ante el Tribunal Supremo (TS).

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Ourense decidió esta misma semana exonerar a ambos encausados trasladando que «no resulta acreditado» que los dos investigados «se aprovechasen» de los cargos públicos que ostentaban «para, guiándose por un ánimo de enriquecimiento injusto, convertir el patrimonio municipal en beneficios privados».

Así pues, la audiencia que juzgaba al exregidor de la ciudad –entre 1995 y 2007– y al exconcejal de urbanismo –entre 1999 y 2003– por haber eximido a promotores y constructores de la entrega al patrimonio municipal del aprovechamiento urbanístico del 10% en 15 proyectos de compensación en suelo urbano no consolidado, amparándose en un acuerdoplenario de 1994 que lo permitía a pesar de las nuevas leyes de suelo en 1997 y 1998, determinó la absolución.

En la jornada del martes conoció la sentencia Áurea Soto, quien puso la querella por estos hechos en la vía penal en el 2014 y desde entonces, representada por su abogada, ejerce la acusación popular. Ladecisión de la Audiencia no es firme, permite recurso de casación ante el Tribunal Supremo, al cual Soto ha confirmado que llevará a los hechos.

«Ha quedado claro lo que sabíamos. Está en los hechos probados de la sentencia, a lo largo de más de 10 años se aprobaron 15 proyectos de compensación perdiendo el patrimonio municipal de suelo. Es un hecho probado, no cumplieron la ley», asevera Soto, que apostilla que «fue uno detrás de otro, con lo que se perdió una cuantía de 1.600.000 euros».

Para Soto, «no están todos los que son pero son todos los que están» y el juicio «describe en negro sobre blanco lo que era el Ayuntamiento de Ourense». «Me parece muy importante terminar el trabajo así que, que se pronuncian las últimas instancias, que quede claro lo que era el Ayuntamiento de Ourense cuando nosotros lo encontramos, lo que nosotros tuvimos que parar porque esto seguía pasando en el año 2003 cuando entramos en la oposición», dice la edil que, además, recuerda que lo pararon «desde dentro», con las «consecuencias» que se conocen.

Todo esto, asegura que se ve reflejado en la sentencia donde «se recoge que Ourense sistemáticamente incumplía la ley con la posición singular que denomina el Consello de Contas», por ello considera «preciso completar el trabajo aunque sea complejo».

La sentencia tiene un plazo de cinco días desde la última notificación para ser recurrida, por lo que la Fiscalía tendría de plazo hasta la semana que viene para unirse al recurso decasación.