El presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, ha revelado este jueves que el pasado mes de diciembre el Ejecutivo autonómico remitió al Gobierno un requerimiento, aprobado por el Consello de la Xunta y firmado por él mismo, en relación con el reparto de los fondos europeos, del que están a la espera de respuesta. Si esta no llega o es «negativa», Galicia seguirá los pasos de Madrid e irá a la justicia.
Feijóo ha informado de este paso en una semana marcada por el anuncio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, del recurso de la Comunidad de Madrid ante el Tribunal Supremo. En el caso gallego, no se hizo público antes, ha dicho el mandatario autonómico, por una cuestión de «prudencia». Además, ha recalcado que, a diferencia de Madrid, la Xunta optó por intentar solventar el conflicto a través del «diálogo».
«Nosotros de momento vamos a agotar la posibilidad de hablar con la Administración central», ha sentenciado el presidente gallego, antes de añadir que a la Xunta «no» le gusta «tener pleitos con el Gobierno». «Si podemos evitarlos, los evitamos», ha aseverado.
Eso sí, ha advertido de que si no hay respuesta al requerimiento que ha partido de la Comunidad gallega –como ha ocurrido hasta el momento– o esta no es satisfactoria a sus demandas, se acudirá a la vía jurisdiccional.
REPARTO «ILEGAL»
A preguntas de los periodistas, al término de la reunión semanal de su Ejecutivo, ha esgrimido que Galicia ya trasladó al Ministerio de Trabajo su desacuerdo en los foros correspondientes (la conferencia sectorial, por ejemplo) con una decisión que considera «ilegal», ya que «se quedó con buena parte de los recursos» vulnerando «competencias autonómicas».
También ha apuntado que no ve «conforme a derecho» destinar recursos a determinadas autonomías sin pasar por la conferencia sectorial, y ha incidido en que esta decisión perjudica a Galicia y al resto de comunidades, ya que se detraen fondos que les corresponden (no ha concretado en qué cuantía impacta a la Comunidad gallega).
Así las cosas, Feijóo ha detallado que el requerimiento al Gobierno va encaminado a que deje sin efecto un reparto que considera discrecional y a que «reponga el dinero que corresponde a Galicia en materia de políticas activas de empleo».
