La compañía australiana Rafaella Resources –a través de su filial Biscay Minerals– ha informado de un acuerdo con Valoriza Minería –filial de Sacyr– para la compra del 100% de la propiedad de la mina de San Finx, en Lousame (A Coruña).

Según ha informado la compañía este martes en un comunicado, con este acuerdo la empresa –que ya cuenta con la mina de Varilongo, en Santa Comba (A Coruña)– busca convertirse «en un proveedor líder de Europa occidental de estaño y wolframio».

Explica que el pago no será por adelantado, sino que se basa en un acuerdo por el cual no se abonará ninguna cantidad hasta que se hayan producido y vendido las 1.000 primeras toneladas de mineral –en una operación valorada en cinco millones de euros–.

Además, Rafaella Resources señala que esta operación se hace de forma paralela a las adquisiciones de las minas de Boralha y Vila Verde, en el norte de Portugal.

La última vez que la mina de San Finx estuvo operativa fue en 2017, cuando produjo 35 toneladas de concentrado de estaño de alta calidad y 32 toneladas de concentrado de wolframita. La mina está actualmente en trabajos de «cuidado y mantenimiento».

Apunta que San Finx cuenta con concesiones mineras que son válidas hasta julio de 2068. Así, explorará las opciones que permitan «un reinicio rápido de las operaciones».

ECOLOGISTAS DENUNCIAN QUE SACYR «INTENTA HUIR» DE RESPONSABILIDADES

Por su parte, Ecoloxistas en Acción ha denunciado que Sacyr «intenta huir de sus responsabilidades sobre la mina de San Finx» al anunciar la venta de activos a «una empresa opaca con sede en Australia, Biscay Minerals, como vía de escape a las responsabilidades ambientales».

En un comunicado, informa de que ha enviado escritos al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, y a diferentes cargos del Gobierno gallego en los que demanda que se imponga una aval ambiental de 20 millones de euros a Valoriza Minería, «toda vez que el actual, de apenas 178.000 euros, es irrisorio a la vista de los pasivos ambientales existentes». Alerta de que la cantidad vigente no haría frente a la restauración de la zona afectada por las presas de residuos mineros como el tratamiento a perpetuidad de drenajes ácidos de la mina que «contaminarían la ría».

«La transacción es parte de una estrategia de Valoriza Minería, filial del Grupo Sacyr, para deshacerse de una explotación ruinosa y ambientalmente inviable, y de esa manera no tener que asumir los enormes pasivos ambientales que afloraron en los últimos años», advierte. «Justo en diciembre pasado se sometían a exposición pública tanto un proyecto de vertidos como un proyecto de retirada de residuos mineros de las presas abandonadas, en ambos casos deficientes y que, de llegar ejecutarse, implicarían la inyección de elevadas concentraciones de metales pesados a la ría de Muros y Noia», agrega.

Así, los ecologistas opinan que «las consecuencias multimillonarias de implicar el cierre de bancos marisqueros sería la peor pesadilla de Sacyr, que ahora se quiere deshacer del problema».

Recuerda que, en julio de 2015, el Consello de la Xunta dio cuenta de la iniciativa de Sacyr para reactivar San Finx con una inversión de 10 millones de euros y la creación de 60 puestos de trabajo. «La transmisión de derechos mineros desde la anterior concesionaria, en concurso de acreedores, fue aprobada por el ex director xeral de Minas Ángel Bernardo Tahoces, bajo las premisas de un informe técnico del entonces ingeniero de la Xunta responsable por la supervisión de la mina en el que indicaba que la capacidad económica y técnica de Valoriza supera las necesidades de inversión del proyecto minero», remarca Ecoloxistas en Acción.

Así, remarca que «ambos se encuentra actualmente imputado por un presunto delito de falsedad en documento público y deberán declarar a finales de enero y principios de febrero antes los juzgados de Santiago, precisamente por intentar ocultar los pasivos ambientales de la mina en diversos documentos e informes».

Sobre el nuevo titular de la mina, alerta de que se trata de «un conglomerado opaco con sedes en paraísos fiscales». «Las empresas australianas a las que Sacyr confió el destrozo de San Finx son parte de un conglomerado opaco con sede en Hong Kong y en las Islas Vírgenes Británicas, desde donde operan mediante filiales en distintos países», agrega.

«Las dos empresas australianas que anunciaron la adquisición, Rafaella Resources y Biscay Minerals, están de hecho controladas por Starboard Global Ltd., una compañía establecida en las Islas Vírgenes Británicas con oficinas en Hong Kong, en ambos casos paraísos fiscales con legislación mercantil que impide la transparencia y así conocer los titulares reales de las empresas», prosigue Ecoloxistas en Acción.

Por ello, «estos antecedentes hacen improbable que la nueva propietaria pueda o quiera asumir las responsabilidades ambientales de la mina de San Finx, que amenaza en convertirse en un nuevo Monte Neme (Carballo), mina abandonada a su suerte y que, precisamente, está siendo objeto de otro proceso judicial contra los funcionarios de la Xunta que permitieron que la empresa se fuera de esa explotación de estaño y wolframio sin restaurar».