El BNG registrará en el Parlamento gallego una ley de residencias de mayores que, entre otras medidas, pondrá un máximo de 100 usuarios por cada centro, bien sea público o privado, y establecerá un incremento de los ratios de personal.

Esta norma, que los nacionalistas prevén registrar al inicio del nuevo período de sesiones en enero, tendrá tres objetivos fundamentales: garantizar el derecho «a una vejez digna», constituir «un sistema público de cuidados fuerte» y «situar a las personas en el centro» de este servicio.

Así lo ha explicado en una rueda de prensa ofrecida este lunes la viceportavoz parlamentaria del BNG, Olalla Rodil, junto a la portavoz nacional de la formación, Ana Pontón, quien ha desgranado que el articulado de esta proposición de ley constará de unos 40 artículos distribuidos en cuatro títulos.

En el primero, dedicado a los requisitos materiales y de recursos humanos que debe tener cada centro, el texto propone que los geriátricos sean «más pequeños y humanizados» al blindar un máximo de 100 usuarios. De hecho, según el proyecto normativo de los nacionalistas, estas instalaciones funcionarán por módulos de hasta 25 personas, que se reducirán a 20 si hay mayores dependientes.

En cuanto a las habitaciones, el 90 por ciento deben ser individuales y guardar criterios de sostenibilidad, además de permitir que los mayores se puedan llevar el mobiliario de su vivienda habitual. También apunta la necesidad de que las residencias se integren en los centros urbanos.

Además, establece un incremento de las ratios de personal por usuario, sin contabilizar para este cálculo aquellos trabajadores de categorías como los cocineros. «En atención directa se necesitan cuidadores y cuidadoras», ha justificado Pontón.

ATENCIÓN «PERSONALIZADA»

El segundo título de esta ley propone que cada usuario tenga un plan de actuación «individualizado» con «objetivos» determinados y un programa específico para llegar a ellos. «Se trata de que en estos centros haya una atención personalizada», ha dicho la portavoz nacional.

Asimismo, la norma incluye en su tercer título un régimen sancionador que garantice «transparencia» en el sistema. De este modo, establece la creación de un cuerpo específico de inspectores de geriátricos en la Consellería de Política Social, dado que ahora este departamento «apenas tiene una docena» de efectivos para los 383 centros que hay en Galicia.

También obligará la ley a publicar las actas de inspección y las sanciones en una web específica, aparte de obligar a la Xunta a remitir al Parlamento un informe anual con los fondos públicos que recibe cada entidad gestora de las residencias.

Finalmente, el cuarto título del texto propone una planificación a futuro de la red de residencias de Galicia a través de una hoja de ruta por cada legislatura, con la vocación de que aquellos centros públicos que ahora están gestionados por entidades privadas pasen a estar dirigidos por la Xunta. Es una cuestión «básica en el cambio de modelo» por el que apuesta el BNG.

«DERECHO A UNA VEJEZ DIGNA»

Ana Pontón considera que es una «obligación democrática» garantizar «el derecho a una vejez digna» independientemente de los ingresos de cada persona o familia. Y es que el modelo que hay establecido en Galicia, según ha denunciado, «fracasó» ante la pandemia de la covid, que «puso en evidencia los déficits» del sistema en la Comunidad.

«El derecho a una vejez digna no puede ser un negocio y necesitamos desplegar una red pública potente de cuidados», ha subrayado la portavoz nacional.

Esta ley surge después de diversas reuniones mantenidas por los nacionalistas con familiares de usuarios, trabajadores y agentes del sector en los últimos meses, según ha explicado la viceportavoz, Olalla Rodil. Por eso, la intención del BNG es presentarla a estos colectivos y seguir recibiendo sugerencias para registrarla en la Cámara a comienzos del próximo período de sesiones.

UN SECTOR SIN «APENAS REGULACIÓN»

No en vano, Rodil ha desgranado la situación actual del sector en Galicia, donde no tiene «apenas regulación» al estar regida a día de hoy «por una orden de 1996 y por una ley de carácter genérico relativa al conjunto de servicios sociales de Galicia» que data del año 2008.

En total, según las cifras oficiales que ha recabado el Bloque –«costó mucho conseguirlas», ha apuntado Rodil–, la Comunidad gallega dispone de un total de 21.944 plazas repartidas en 383 centros. Esto sitúa a Galicia con tres plazas por cada 100 mayores de 65 años, «muy lejos» de la ratio de cinco plazas que recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS).

De hecho, tal y como ha censurado Rodil, también es el territorio del Estado «con el porcentaje más bajo de plazas públicas» sobre el total, ya que «no llegan al 20 por ciento». Esto significa que ocho de cada diez están «gestionadas fundamentalmente por grandes grupos de inversiones» –DomusVi, por ejemplo– o por «fundaciones religiosas» –la Fundación San Rosendo y Hermanitas de la Caridad, según las que ha mencionado la viceportavoz nacionalista–.

«La Xunta drena cantidades ingentes de dinero público para sostener el negocio de estas empresas y entidades privadas», ha resumido, para posteriormente cifrar en más de 100 millones de euros anuales el montante que desembolsa la Administración gallega al sector.

Todo ello sin dejar de lado que la covid «puso de manifiesto las consecuencias humanas de convertir en un negocio los derechos fundamentales de las personas». En palabras de Rodil, las residencias «fueron la zona cero de la pandemia» al acumular hasta el inicio de la vacunación «casi el 40 por ciento» de los fallecimientos relacionados con la pandemia, «la inmensa mayoría» en centros de titularidad privada.

«Es evidente que precisamos cambiar el modelo residencia. Es una necesidad, un imperativo ético y un imperativo moral», ha sentenciado la viceportavoz.

EL PP DEFIENDE LA GESTIÓN DE LA XUNTA DESDE 2009

Sobre esta proposición legislativa también se ha pronunciado este lunes la viceportavoz del PPdeG en el Parlamento, Paula Prado, quien ha destacado que desde la llegada de Alberto Núñez Feijóo a la Presidencia de la Xunta en 2009 se multiplicaron «por dos» las plazas públicas en estos centros, hasta los «más de 13.000».

«Está fuera de toda duda el trabajo que hace la Xunta por incrementar el número de plazas», ha aseverado Prado, al ser preguntada al respecto en la rueda de prensa posterior a la reunión habitual de los lunes del Grupo Popular.

La viceportavoz ha aprovechado para criticar que el BNG «se oponga», junto al PSOE, a debatir en el pleno del Ayuntamiento de Ourense el cambio de uso de una parcela municipal «donde se quiere instalar un nuevo geriátrico» proyectado por la Fundación Amancio Ortega.

«Sorprende que por un lado pidan más plazas y por otro se opongan a proyectos que van a crear más plazas públicas», ha incidido.