La creación de una sociedad mercantil pública urbanística en Santiago de Compostela ha dado este jueves su primer paso tras ser aprobado el inicio del procedimiento y el nombramiento de la comisión de personas expertas en el pleno del Ayuntamiento.

La medida ha sido aprobada este jueves con los votos a favor del grupo de gobierno, el Partido Socialista y del BNG, mientras que tanto los populares como Compostela Aberta han optado por la abstención.

En su intervención, el alcalde de Santiago, Xosé Sánchez Bugallo, ha recordado que el Consistorio compostelano ya tuvo entre los años 2000 y 2011 una sociedad de este tipo que se encargó del desarrollo de 16 polígonos, 13 de viviendas y tres de suelo industrial.

Sin embargo, ha señalado que, desde el 2011, no se volvió a desarrollar en la capital gallega ningún polígono de suelo industrial ni residencial «ni público ni privado». «Lo único que se desarrolló fue el de A Sionlla, que ya estaba aprobado con anterioridad», ha apuntado.

«La situación es que las últimas parcelas de viviendas protegida las sacaremos a licitación en el presupuesto de 2022 pero, hecha esta licitación, no hay ninguna reserva de suelo para hacer vivienda protegida», ha apuntado para señalar «tampoco se desarrollaron más polígonos» empresariales.

Así las cosas, el regidor ha sostenido que el Ayuntamiento de Santiago «necesita instrumentos efectivos para hacer polígonos de vivienda», para «programar más suelo industrial» y actuar sobre edificios.

«Por todo ello, estamos convencidos de que se debe valorar la puesta en marcha de una sociedad urbanística con los criterios que se considere oportuno, incluso con la definición jurídica que se considere más adecuada», ha argumentado el alcalde, que ha señalado que, a tal fin, se propone crear una comisión de estudio en la que participarán todos los grupos y técnicos.

Esta comisión, conforme ha avanzado, tendrá como misión estudiar la situación, elaborar la memoria y, realizar, en su caso, la propuesta de estatutos que definirán el modelo.

VOTO A FAVOR DEL BNG

La iniciativa ha contado con el voto a favor del BNG, cuya portavoz Goretti Sanmartín, ha sostenido que, a la espera de lo que después se determine, el BNG siempre «estará al lado de formar una empresa pública como garantía para la habilitación de suelo para distintos usos» y «siempre en la línea de hacer un desarrollo urbanístico sostenible».

Tras incidir en que en la capital gallega hay «múltiples problemas de vivienda», ha abogado por hacer un estudio para analizar la «viabilidad» de esta medida y «cuál es la forma más eficiente» para su funcionamiento. Además, ha dicho que la creación de esta sociedad «llega tarde» ya que debería haberse abordado «al inicio del mandato».

Por su parte, el edil de Compostela Aberta Jorge Duarte ha asegurado compartir la «preocupación» del gobierno local con la «falta de vivienda» y la necesidad de tener una empresa «ágil, sostenible y eficaz».

Además, ha presentado una enmienda, que fue rechazada al contar con el voto en contra del PSOE, para que esta entidad asumiese también la gestión del ciclo del agua. «Pedimos que se amplíen las competencias e incluyan competencias como gestionar el ciclo del agua», ha señalado para indicar que «todos los vecinos tienen claro que la gestión» de la empresa concesionaria «es nefasta».

Tras él, el portavoz del PP local, Alejandro Sánchez Brunete, ha avanzado la abstención de su grupo al considerar que aunque pueden «coincidir en que la escasez de vivienda» tienen «dudas» sobre sí la creación de esta sociedad será «eficaz».

DECLARACIONES INSTITUCIONALES

En la sesión, además, todos los grupos de la Corporación han aprobado dos declaraciones institucionales. La primera de ellas expresa el compromiso del Ayuntamiento de Santiago en la lucha contra el fraude y la corrupción, un trámite necesario para poder gestionar los fondos Next Generation de la Unión Europea.

Entre otras cuestiones, el texto señala que uno de los pilares fundamentales que deben guiar la actuación de la Administración para la mejor satisfacción del interés general tiene que ser el de la «integridad institucional», definida de forma sencilla como la observancia de los valores y principios de la buena administración.

Así, apunta que «el mantenimiento y refuerzo de la integridad institucional y su proyección a los ciudadanos, instituciones y entidades con las que se relaciona deben ser, pues, objetivos irrenunciables de cualquier administración pública para el cumplimiento de los fines que la constitución y la ley le encomiendan».

Además, entre otras cuestiones, el Consistorio manifiesta su compromiso con los estándares más elevados en el cumplimiento de las normas jurídicas, éticas y morales y su adhesión a los más estrictos principios de integridad, objetividad y honestidad, de forma que su actividad se perciba por todos como opuesta al fraude y a la corrupción en cualquiera de sus formas. «Todos los miembros de la Corporación municipal asumen y comparten este compromiso», apunta.

También ha salido adelante otra declaración institucional de adhesión a la Red de ciudades españolas comprometidas con la hepatitis C. La edil de Política Sociales, Mila Castro, ha agradecido el apoyo a la iniciativa y ha señalado que supondrá un avance en la lucha contra una enfermedad que beneficiará, especialmente, a las personas más vulnerables.