Todos los grupos de la Cámara han apoyado este miércoles una iniciativa del PPdeG que pedía instar a la Xunta a adoptar las medidas necesarias para abrir un centro residencial que cubra las necesidades de atención que requieren los menores en situación de dificultad y con problemas de conducta.
La iniciativa ha sido defendida por el diputado popular Alberto Pazos, quien ha apuntado que la idea es impulsarlo en el municipio pontevedrés de Ponte Caldelas pero ha lamentado que se estén encontrando con «cierta resistencia» por parte del Ayuntamiento.
Así, ha sostenido que, «en aras de la confrontación partidista», el Consistorio «está alimentando una polémica artificial utilizando expresiones muy poco respetuosas para los potenciales usuarios de este centro».
«Queremos impulsar el primer centro de protección de Galicia especializado en la atención de jóvenes con trastornos de salud mental, un servicio del que, en la actualidad, solo disponen ciudades como Madrid y Barcelona y que debería ser un motivo de orgullo no solo para Pontecaldelas, sino para la provincia de Pontevedra y Galicia entera».
El parlamentario del PPdeG ha señalado que la Xunta llevará a cabo esta iniciativa «aprovechando un espacio público de valor histórico, como es la Casa de Quintán, cedida por la Fundación Sálvora». Además, ha afirmado que este nuevo centro especializado generará más de 20 empleos cualificados directos y supondrá un impulso en la actividad en el municipio tanto a nivel educativo como comercial.
LA OPOSICIÓN APOYA LA INICIATIVA
La iniciativa ha contado con el apoyo tanto del BNG como del PSdeG, formaciones que, con todo, han discrepado con la política de la Xunta en la materia.
Así, la parlamentaria nacionalista Olalla Rodil ha afeado al PPdeG las «deficiencias» existentes en estos servicios pese a que el Partido Popular «lleva 12 años gobernando en la Xunta».
La nacionalista ha puesto como ejemplo de ello el hecho de que el centro Montealegre de Ourense estuviese «cerrado entre los años 2012 y 2018». «Después de un enorme esfuerzo económico acabó gestionado por una entidad privada», ha indicado.
Además, ha presentado una enmienda para que la Xunta negocie con la Diputación de Pontevedra que el Centro Príncipe Felipe pase a formar parte de la red de la Xunta, una petición que ha sido rechazada por el PPdeG al argumentar que hay un acuerdo entre ambas instituciones para atender el servicio hasta 2022.
Por su parte, la diputada del PSdeG Marina Ortega ha preguntado al Partido Popular sobre si la gestión de este centro de Pontecaldelas será «pública o privada». «Que la Xunta se ponga las pilas y asuma la gestión directa de todos los centros», ha reclamado.
Asimismo, ha defendido la «optimización de los recursos» para ofrecer a estos menores «la verdadera igualdad de oportunidades».
