Las ocho comunidades autónomas –Galicia, Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, La Rioja, Cantabria y Asturias– que este martes se darán cita en Santiago de Compostela para consensuar un documento conjunto de cara a defender una posición común ante el próximo modelo de financiación autonómica se encuentran cerca de blindar su postura, la cual pasa principalmente por la exigencia de sufragar del coste real de los servicios y de la dispersión de la población.
Según han precisado fuentes autonómicas a Europa Press, el documento a defender este martes está casi perfilado y aborda extremos como el déficit de financiación de estas comunidades autónomas, remarcando que el último modelo data de 2009 y quedó caducado en 2014.
Tal y como van a defender desde la capital gallega, son las comunidades autónomas las que prestan los servicios esenciales del Estado del bienestar, un gasto que, según argumentan, va al alza para atender una demanda cada vez mayor por parte de la ciudadanía.
Con todo, entienden las ocho autonomías que se verán las caras en el Hostal de los Reyes Católicos de Santiago de Compostela que si el objetivo es garantizar la suficiencia financiera del Estado del Bienestar, las comunidades autónomas deben respetar el gasto público total gracias a un esfuerzo que debe de hacer el Estado.
Estos ocho territorios quieren, por tanto, poder garantizar su suficiencia financiera para poder prestar en condiciones de igualdad los grandes servicios públicos esenciales, y trabajan en un texto que apuntale la idea de que el modelo de financiación debe de centrarse en atender al Estado del Bienestar.
Para estas ocho comunidades autónomas, el coste real de los servicios como sanidad o educación es mayor en territorios muy extensos, con pocos habitantes y con población envejecida, a lo que añaden las dificultades orográficas que otros territorios con más núcleos urbanos no presentan.
Por tanto, es el coste efectivo y real de lo que cuesta el servicio principal ha de ser el criterio que, para estas autonomías, debe primar a la hora de reformar el modelo de financiación, algo que ha de sobreponerse al simple criterio de reparto por población.
DÍAS ANTES DE QUE HACIENDA PRESENTE SU PROPUESTA
En este contexto se verán las caras Alberto Nuñez Feijóo –el promotor del encuentro–, Javier Lambán, Emiliano García-Page, Alfonso Fernández Mañueco, Guillermo Fernández Vara, Concha Andreu, Miguel Ángel Revilla y Adrián Barbón.
Precisamente, este encuentro se produce a finales de noviembre, mes que había planteado el Ministerio de Hacienda como límite para presentar su propuesta de reforma del modelo de financiación autonómica y poder así empezar a negociar con las comunidades autónomas y los grupos parlamentarios.
En concreto, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en varias comparecencias públicas ha reafirmado la idea del Gobierno central de presentar antes de que finalice el mes de noviembre su propuesta, que sería en base al criterio de población ajustada, el que piden autonomías como la Comunidad Valenciana, Andalucía y Murcia.
Sin embargo, los ocho presidentes autonómicos de distinto signo político que se congregan el martes en la capital gallega comparten la petición al Ministerio de María Jesús Montero de que sea el criterio de la dispersión de la población el que prime en la reforma del modelo de financiación de las CCAA.
AL MENOS OTROS DOS BLOQUES DE CCAA MÁS
Al margen de este bloque formado por las ocho autonomías que prevén reunirse en Santiago de Compostela, existen al menos dos frentes comunes más, que a lo largo de estos días se han ido pronunciando sobre sus reclamaciones a la hora de ver cuál es el criterio que debe primar para reformar el modelo de financiación autonómica.
Uno de estos grupos está conformado por Andalucía, Murcia y la Comunidad Valenciana, conocidas como comunidades «infrafinanciadas» que defienden una reforma en la que se prime el criterio de población ajustada.
Por último, se encuentran Baleares, Cataluña y Madrid, que buscan una reforma del modelo de financiación autonómica que tenga en cuenta el denominado principio de originalidad en la aplicación de las medidas de nivelación.
EL PSOE LLAMÓ A FILAS A SUS PRESIDENTES AUTONÓMICOS
Precisamente, la cita de Santiago llega precedida de cierta polémica, ya que, tras anunciar Feijóo, en el marco del Debate sobre el Estado de la Autonomía que se celebraría este encuentro, varios presidentes del PSOE se desmarcaron asegurando que no participarían de ningún «frente» contra el Gobierno u otras comunidades –la presidenta de La Rioja llegó a anunciar que no acudiría al encuentro–.
Las asperezas se limaron, aunque la reunión, inicialmente prevista para el 2 de noviembre se aplazó hasta el 23. Este aplazamiento permitió que el pasado 5 de noviembre, la dirección nacional del PSOE convocase antes de la cita gallega, en la sede de Ferraz, a sus presidentes autonómicos para encauzar el debate interno sobre la financiación autonómica y acercar las posiciones enfrentadas entre algunos de ellos.
La propia ministra de Hacienda lleva avisando de un tiempo a esta parte que se debía producir un debate interno tanto en el PSOE como en el Partido Popular para fijar posiciones comunes a la hora de negociar esta reforma del modelo.
Tras la reunión, la dirección socialista constató las diferentes posturas que separan a sus mandatarios autonómicos, y lo que acordaron fue que este asunto se aborde dejando a un lado la «confrontación partidista».
De hecho, los presidentes autonómicos que confirmaron su presencia en la Cumbre de Santiago garantizaron que esta cita no sería para crear un frente común «contra el Gobierno», sino que se daba para hablar sobre los criterios que compartían que debían de primar.
POSICIÓN PREVIA A LA REUNIÓN
En la previa de este encuentro, el vicepresidente primero de la Xunta, Alfonso Rueda, ha manifestado este lunes que confía en que sea posible ratificar un acuerdo, el que ultiman los equipos de los presidentes, con el foco en los intereses comunes, al tiempo que ha destacado que no se busca «confrontar» contra nadie. El propio Feijóo en su día hizo bandera con que, pese a la desconfianza de algunos mandatarios, la cumbre de Santiago no era «un frente contra nadie», ni contra el Gobierno ni contra otras comunidades como la catalana.
Este lunes se han pronunciado otros presidentes como la titular del Gobierno de la Rioja, Concha Andreu, quien ha anticipado su intención de defender los intereses de su Comunidad, al tiempo que ha asegurado que, si hay posición «común», se elevará una declaración.
También se ha manifestado el presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, quien ha reivindicado el «espíritu» de poder hablar y plantear «diagnósticos» sobre «problemas» que comparten diferentes CC.AA., y ha defendido que este tipo de encuentros deberían de «entrar dentro de lo normal» al margen de «las reuniones institucionales de órganos que están ya funcionando y creados».
En el caso de Castilla-La Mancha, el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas del Gobierno de Castilla-La Mancha, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha reivindicado la postura de tener en cuenta la dispersión geográfica ya que afecta al coste real de los servicios a prestar por las autonomías.