El Gobierno uruguayo ha decretado esta semana la intervención, por un plazo máximo de un año, de la institución mutual médica Casa de Galicia, creada por emigrantes gallegos más de un siglo atrás, en 1917. El motivo que alega el Ministerio de Salud Pública del país para justificar el paso es el «alto nivel de endeudamiento» y los años de pérdidas acumulados pese a las ayudas recibidas.

La entidad había solicitado concurso de acreedores y su directiva, que encabeza Alberto Iglesias, no ha escatimado en críticas hacia la actitud gubernamental, con el foco en el ministro de Salud, Daniel Salinas. La intervención, según informó el Gobierno, conlleva el desplazamiento de las autoridades de la institución mutual –que, además, tenía previstas elecciones para este domingo–.

En un comunicado difundido en su página web, la directiva defiende que asumió su función en octubre de 2018 «en una situación muy comprometida» con un endeudamiento de más de 64 millones de dólares y con un patrimonio negativo de 7,7 millones de dólares, lo que llevó a los auditores independientes de la Institución a «cuestionar el principio de empresa» en marcha de Casa de Galicia.

Adicionalmente, subrayan que debía abonar en el corto plazo obligaciones salariales y de cargas sociales «sin tener recursos para honrar las obligaciones de referencia».

Añade que, pese a todo, realizó «ingentes esfuerzos» para transformar la institución y tratar de mejorar sus resultados, iincluyendo la realización de una auditoría de la gestión médica en febrero de 2019 por parte de la Consellería de Sanidade de la Xunta de Galicia, a raíz de la que se efectuaron cambios.

La directiva vincula que es la falta de respuesta del Ministerio de Salud uruguayo a sus demandas de ayuda lo que provocó el paso del concurso de acreedores, previo a la intervención.

SEIS EJERCICIOS CONSECUTIVOS DEFICITARIOS

Por su parte, el Ministerio de Salud Pública del país sostiene que el objetivo del Gobierno es «garantizar la debida asistencia médica de los usuarios de la institución», así como adoptar «todas las medidas que estén a su alcance, para garantizar la protección de los puestos de trabajo».

Añade que, desde diciembre del año 2020, «se está realizando un seguimiento exhaustivo de la institución», dada su preocupante situación económica-financiera; y que en los últimos cinco años la institución perdió el 20% de sus afiliados. También esgrime el Ministerio que los últimos seis ejercicios consecutivos Casa de Galicia presentó un balance deficitario, lo que «evidencia severos problemas de gestión».

El Ministerio también esgrime sus propias cifras y apunta que la entidad, según sus últimos estados contables, «presenta un alto nivel de endeudamiento, que asciende a 76 millones de dólares, superando cuatro veces la media de endeudamiento por afiliado del sector».

Y ha remarcado que, frente a las quejas de la directiva, el Gobierno sí ha realizado «un significativo esfuerzo económico, concediéndole en la última década, en dos oportunidades, facilidades de acceso a créditos a través del Fondo de Garantía IAMC, por la suma de 46 millones de dólares». «A pesar del apoyo económico recibido (la última vez en diciembre de 2019), la institución no ha cumplido la mayor parte de las metas propuestas en los planes presentados», ha incidido.

«CASA DE GALICIA TIENE QUE SER CASA DE GALICIA»

Preguntado por este paso, al término de la reunión semanal de su Ejecutivo, el titular de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado que el confía en la palabra del presidente uruguayo, Luis Lacalle Pou, quien ha defendido la vía elegida (la intervención temporal) para evitar unir Casa de Galicia con otros centros sanitarios.

Feijóo ha destacado la importancia de este centro para la colectividad gallega y los miles de mutualistas ligados al mismo, al tiempo que se ha remitido a las palabras de Lacalle. «Casa de Galicia tiene que ser Casa de Galicia», ha esgrimido el presidente gallego.

No en vano, ha incidido en que había dos opciones: la fusión con otras entidades sanitarias o intervenir temporalmente para sanear y luego devolver la «vida autónoma» a la institución. «El Gobierno uruguayo optó por la segunda y yo lo agradezco, mantener Casa de Galicia como hospital independiente para proseguir su actividad como entidad asistencial para el futuro», ha aseverado.

Feijóo, quien ya recordado que no se trata de la primera intervención, se ha referido a la difícil situación de la entidad, antes de remarcar que «si los hospitales gallegos tuviesen la personalidad jurídica que tiene Casa de Galicia también tendrían que ser intervenidos». Finalmente, ha asegurado que la Xunta se mantiene en contacto con el Gobierno uruguayo para seguir la evolución de la situación.